El impacto del ajuste de Javier Milei no solo genera tensión puertas adentro: también despierta preocupación en medios internacionales. Esta semana, el diario británico The Guardian publicó un informe sobre el deterioro del sistema científico argentino y contó cómo los recortes obligan a investigadores del CONICET a buscar trabajos secundarios para sobrevivir. “No quiero que mi formación se desperdicie”, dijo uno de los científicos consultados, que da clases particulares para completar su salario.

El artículo señala que muchos trabajadores de la ciencia se volcaron a changas informales o tareas administrativas en sus ratos libres. También destaca que el Gobierno recortó 70.000 millones de pesos al CONICET y eliminó más de 4.000 puestos en el sistema científico, el equivalente a un 5,5 % de su personal. La degradación del Ministerio de Ciencia a secretaría y la caída de la inversión al 0,15 % del PBI marcan el retroceso más fuerte desde el regreso de la democracia.

En paralelo, la cadena alemana Deutsche Welle difundió un informe sobre el cierre del Instituto Nacional del Cáncer (INC), que fue desmantelado por decreto en marzo. Especialistas en oncología y pacientes denunciaron la pérdida de programas clave, como el de Cuidados Paliativos, y advirtieron que el Estado nacional dejó de actualizar los registros sobre cáncer de mama, cuello uterino y colorrectal. “Están desmantelando todo”, lamentó una profesional que formaba parte del INC.

Las señales de alarma llegaron también desde El País, que describió la situación como un “cientificidio”. La nota recordó que varias figuras del ámbito académico, incluidos premios Nobel y universidades extranjeras, firmaron una carta contra el vaciamiento de la ciencia argentina. Señalan que la política de Milei no solo implica un ajuste presupuestario, sino un proceso deliberado de desarticulación institucional.

Desde el inicio del gobierno libertario, las áreas de salud y ciencia sufrieron una poda feroz. El Ministerio de Salud redujo su planta de personal y paralizó la mayoría de los programas nacionales. La decisión de eliminar el Instituto Nacional del Cáncer fue presentada como parte del “plan motosierra”, pero los efectos concretos incluyen la discontinuidad de tratamientos, el cierre de líneas de capacitación y el abandono de tareas epidemiológicas.

En el sistema científico, el panorama es igual de crítico. Becarios que cobraban sueldos por debajo de la línea de pobreza fueron excluidos del organismo, se frenaron las convocatorias a nuevos ingresos y se suspendieron más de 1.000 proyectos. Investigadores de trayectoria vieron reducidos sus estipendios en términos reales, y la fuga de cerebros se aceleró.

Frente a este escenario, el Gobierno sostiene su postura de “reordenamiento”. Sin embargo, las consecuencias ya son visibles: científicos vendiendo ropa en ferias, médicos sin datos actualizados para diagnosticar, hospitales sin programas nacionales de referencia y cientos de proyectos de investigación interrumpidos.

La motosierra de Milei, que se presentó como una herramienta para reducir el gasto improductivo, empezó a cortar funciones que ningún país puede descuidar sin pagar un costo altísimo. La salud y la ciencia no son privilegios ni lujos del Estado: son condiciones básicas para el desarrollo. Y hoy, más que nunca, Argentina parece estar eligiendo retroceder.