Este miércoles, la justicia rechazó un amparo presentado por la CGT contra el Gobierno Nacional por la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley 27.802, popularmente llamada Ley de Reforma Laboral. La misma fue firmada por Enrique Lavié Pico, quien en 2024 ya había negado dos amparos contra el DNU 70/2023.

El pasado 6 de marzo, la central obrera requirió de modo específico una medida cautelar innovativa que suspenda la aplicación tanto de estos artículos como del convenio de transferencia hasta que se dicte sentencia definitiva, alegando que la ejecución de la nueva ley suprime la Justicia Nacional del Trabajo y traslada competencias, lo que –según su escrito– podría dificultar una reparación futura.

El juez decidió no otorgar la medida preventiva porque consideró que lo solicitado era prácticamente igual a lo que se debe resolver al final del juicio. Para Lavié Pico, no se probó que el paso del tiempo fuera a causar un daño irreparable inmediato.

Ante esto, se le pedirán explicaciones al Estado (informe de la Ley de Amparo) en un plazo de 5 días y el Estado deberá presentar sus pruebas en ese mismo tiempo. «Estamos definiendo lo que sigue en materia judicial, pero sí es seguro que vamos a continuar el reclamo judicial», le expresaron a Infobae desde la CGT.

En lo que va de marzo de 2026, la relación entre la CGT y el gobierno de Javier Milei atraviesa su punto de mayor tensión debido a la reciente sanción y promulgación de la «Ley de Modernización Laboral» (Ley 27.802).

Tras el paro general y las movilizaciones de febrero, la estrategia de la central obrera se desplazó al terreno judicial y el conflicto sectorial.