La Fiscalía argentina desistió de exigir que Cristina Fernández de Kirchner cumpla en prisión la condena de seis años que recibió en el caso Vialidad. Sin embargo, solicitó que el arresto domiciliario se ejecute en un inmueble distinto al actual.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal realizó este lunes una audiencia para revisar los términos de esa medida. Los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña encabezaron el encuentro. Durante la audiencia, el fiscal Mario Villar planteó que la residencia de Fernández en el barrio porteño de Constitución “genera tumultos y molestias en el barrio”. La mención apuntó a la reciente aparición pública de la exmandataria en el balcón de su vivienda.

La defensa presentó objeciones a las restricciones impuestas por el Tribunal Oral Federal 2. Los abogados señalaron que las limitaciones sobre las visitas afectan la organización cotidiana, porque solo permiten el ingreso sin autorización previa de familiares, profesionales de la salud y letrados. Además, reclamaron la remoción de la tobillera electrónica que la expresidenta porta desde que comenzó el arresto. Según los letrados, este dispositivo interfiere en su derecho a sostener relaciones familiares y sociales adecuadas.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían apelado la prisión domiciliaria en una etapa anterior. En ese momento, indicaron que la medida significaba un “privilegio” y atentaba contra el principio de igualdad ante la ley. A su criterio, la gravedad de la condena por corrupción pública exigía el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario, porque no existían razones de salud ni fundamentos humanitarios. Esa postura quedó sin efecto tras la presentación de Villar.

La exmandataria recibió una sentencia por presunta adjudicación irregular de contratos de obra pública a un empresario cercano durante su gestión. Fernández rechazó todas las acusaciones y aseguró que atraviesa una “persecución política y judicial”.