Este jueves  la Justicia ordenó al gobierno de Javier Milei que resuelva los pedidos realizados por pacientes vulnerables a través de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE). En los primeros meses del año hubo al menos siete muertes entre quienes sufrían demoras e interrupciones por parte de esa dependencia.

La orden nace de un amparo colectivo presentado en abril del 2024. En tanto, la medida cautelar fue dictada por el Juzgado Civil y Comercial Federal N° 2, a cargo de Marcelo Bruno Dos Santos y le da 10 días de plazo para que el Gobierno resuelva las «solicitudes de subsidio que tengan una demora de más de 60 días y, en el plazo de veinte (20), adecue todos los expedientes administrativos al procedimiento previsto en la ley 19.549 —en especial el plazo de sesenta días para su resolución”, según indica el informe.

URGENTE | Ordenaron al Estado Nacional resolver los pedidos de entrega de medicamentos para personas vulnerables. Info y resolución https://t.co/wUCFlug0Yr

— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) December 30, 2024

El amparo había sido presentado inicialmente por la Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a tiempo.

“El fallo confirma nuestras denuncias respecto a la grave paralización en la gestión de subsidios de mediano y bajo costo, así como en las ayudas a familiares. Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, la falta de gestión ha afectado profundamente a miles de personas, privándoles de los medicamentos esenciales para garantizar su derecho a la Salud, corolario del derecho a la vida”, dijeron las organizaciones a través de un comunicado.

Y remarcaron que “este fallo no solo es una victoria judicial de las organizaciones sino que refuerza un principio fundamental: el derecho a la salud es un derecho humano básico. El acceso a medicamentos que salvan vidas no puede ser obstaculizado por la ineficiencia administrativa ni por decisiones políticas que vulneren la dignidad de las personas”.