Las reapariciones públicas de Alberto Fernández y Fabiola Yañez no surgieron de un impulso espontáneo. Ambas intervenciones formaron parte de un clima político agitado, marcado por un intento silencioso de desplazar la causa por violencia de género contra el expresidente hacia un territorio más conveniente. El expediente avanzó con un procesamiento firme y con la inminencia de un juicio oral.

El entramado comenzó en enero. La fiscal porteña Celsa Ramírez abrió una investigación por supuestas amenazas de Yañez contra Fernández. A partir de esa movida, el juez Christian Brandoni Nonell prohibió cualquier vínculo entre ambos. Esa decisión acercó el caso al sistema judicial porteño y abrió la puerta a un cambio de jurisdicción que beneficiaba al expresidente.

Días después, la Asesora Tutelar Paula Vaca intervino para exigir contacto directo entre el niño Francisco y Fernández. El menor vivía en Madrid junto a Yañez, pero el padre nunca tuvo impedimentos para viajar. Esa presión fortaleció la estrategia que buscó instalar el expediente en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, Fabiola Yañez quedó en medio de promesas y advertencias. Sus abogados en Comodoro Py, Mariana Gallego y Mauricio D’Alessandro, dejaron la defensa tras meses de tensiones. Ambos asistieron a la ex primera dama cuando Fernández recibió un procesamiento por lesiones leves y graves, agravadas por violencia de género, y por amenazas coactivas. Yañez aseguró en televisión que se alejó de ellos porque «no se sintió cuidada» y porque «hablaron con Fernández».

En paralelo, fuentes de Comodoro Py mencionaron la presencia del abogado Maximiliano Rusconi como operador cercano a Juan Manuel Olmos. La trama sumó así otro actor con influencia en tribunales.

El 6 de octubre, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de Fernández y desplazó al juez Julián Ercolini. Los camaristas aceptaron la versión del expresidente, quien afirmó que una vieja amistad con el magistrado se transformó en enemistad. El sorteo recayó en Daniel Rafecas.

El 18 de octubre, Fernández pidió a Rafecas la anulación de todas las medidas previas. El nuevo juez no tomó una posición inmediata, pese a su relación personal con el expresidente. Fernández lo había impulsado como candidato a Procurador General.

Cuando la causa se aproximaba a la etapa de juicio oral, los abogados de Yañez presentaron un recurso extraordinario ante la Corte para que Ercolini retomara el expediente y lo elevara a juicio. Así intentaron bloquear la jugada para llevar el caso a la justicia porteña.

El paso decisivo ocurrió el 28 de octubre. La Cámara Penal porteña resolvió que la causa por violencia de género debía unificarse con el expediente donde Fernández acusó a Yañez por amenazas y donde también se discutía el régimen de visitas del hijo de ambos. “Entendemos que la conflictiva intrafamiliar apuntada tendría un análisis más propicio dentro de un único fuero de intervención siendo este el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sostuvieron los jueces. La decisión reabrió una pelea jurisdiccional que ya estaba definida a nivel federal.

La revisión de ese planteo quedó en manos de Rafecas. Si el magistrado rechaza el cambio de jurisdicción, la Corte Suprema deberá resolver en última instancia. Allí también espera la definición sobre la elevación a juicio oral.

Mientras tanto, Yañez dejó Madrid y volvió a la Argentina. Argumentó razones familiares. Poco después, España le revocó el permiso de residencia y trabajo, y no podrá regresar. En el entorno europeo mencionaron la posible influencia del presidente Pedro Sánchez, cercano a Fernández.

Antes de viajar, ocurrió un episodio que profundizó la incertidumbre. Según relató Yañez en privado, desconocidos ingresaron al departamento donde vivía con su hijo y se llevaron objetos puntuales. Ella atribuyó el hecho a enviados de su expareja, aunque nunca presentó una denuncia. En la mesa de Mirtha Legrand, apenas intentó explicarlo.

El misterio abrió interrogantes: ¿existió dinero en juego para resolver su estadía en Europa? ¿Hubo negociaciones secretas entre Yañez y Fernández por fuera de los tribunales? Nada quedó claro. La única certeza es que el frente judicial del expresidente ingresó en una etapa decisiva, con operadores activos, una disputa por la jurisdicción y un procesamiento firme que aún amenaza con llegar al juicio oral.