José Mayans y Juliana di Tullio tienen la tarea de persuadir a los senadores que se opusieron al DNU 70/23 para que rechacen la ley ómnibus, que recibió media sanción en la Cámara de Diputados esta semana. Fuentes parlamentarias informaron que «se está trabajando para sumar apoyos» y señalaron que «aunque difícil, no es imposible».

En algunos despachos del peronismo, hay optimismo sobre la posibilidad de obtener los cuatro votos adicionales necesarios para alcanzar la mayoría de 37 sobre 72 escaños. «Con los 33 orientales unidos, más (Edgardo) Kueider, (Carlos) Espínola, (Lucila) Crexell, (Mónica) Silva y (Martín) Lousteau, quien está evaluando su posición con la UCR, podríamos lograrlo», explican.

A esta lista se suman los nombres de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, aunque en los pasillos del Congreso admiten que todavía no han definido su postura. «Hay que esperar«, sugieren.

Kueider y Espínola, junto con la cordobesa Alejandra Vigo, forman parte del bloque Unidad Federal, pero hasta enero de 2023 eran parte del Frente de Todos. Aunque Kueider preside la comisión de Asuntos Constitucionales, se argumenta cerca de él que no permitirá que su papel en ese cuerpo influya en su decisión en el recinto.

El legislador correntino no está dispuesto a respaldar la reintroducción del impuesto a las Ganancias, un aspecto contemplado en el paquete fiscal. Habiendo votado por su eliminación el año pasado, considera que reinstaurar el gravamen como lo propone el gobierno nacional sería ridículo. Según se dice, «El Presidente se equivoca», habría comentado a su círculo cercano durante el verano y no habría cambiado de opinión.

El caso de Crexell es interesante porque ha pasado por Juntos por el Cambio y la bancada Cambia Federal liderada por Juan Carlos Romero antes de formar un monobloque. Aunque en el macrismo siempre le reprocharon cierta autonomía y está cerca del gobernador Rolando Figueroa, su tendencia a votar según su propia convicción, más allá de sus lazos políticos, la sitúa entre aquellos que podrían optar por el rechazo. Además, ya estuvo entre los 42 que bloquearon el decreto de Javier Milei.

Originaria de Río Negro, Silva refleja las posturas del gobernador Alberto Weretilneck en el Senado. La disputa entre la Casa Rosada y las jurisdicciones patagónicas llevó al mandatario provincial, y ex senador, a enfrentarse al gobierno central a principios de marzo, lo que llevó a la legisladora a votar en contra del DNU. Ahora, está trabajando desde una de las oficinas que son puntos de encuentro tanto para el peronismo como para la CGT.

El voto más destacado podría ser el de Lousteau. Como presidente de la UCR, ha desafiado los deseos de los gobernadores de su partido al enterrar el decreto 70 y expresar críticas hacia el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). «El oficialismo está abierto a negociar, por lo que se busca un voto unificado del bloque», señalaron desde la bancada que lidera Eduardo Vischi.

Sin embargo, Lousteau está preparando su eventual candidatura por la ciudad de Buenos Aires y necesita distanciarse de la imagen de Rodrigo De Loredo, cuya alineación con el oficialismo en la Cámara Baja es objeto de burlas en las redes sociales. Además, calcula que el experimento de Milei no tendrá éxito y prevé que Evolución, el espacio interno del partido al que pertenece, mantendrá su apoyo entre su electorado.

Por ello, un diputado radical expresó su preocupación por el posible voto a favor de Lousteau. El kirchnerismo tampoco puede ejercer una fuerte influencia sobre el senador debido al distanciamiento político desde 2008 y porque perdería el atractivo que intenta conservar ante el electorado de la ciudad de Buenos Aires.

La Libertad Avanza llega con el impulso de una victoria contundente en Diputados para aprobar el proyecto en el Senado, pero el peronismo podría obstaculizar su avance si sus presiones van más allá de buscar modificaciones al proyecto y buscan derrotar la ley.

Además, los 72 miembros del Senado estarán bajo escrutinio por parte de sectores sociales que planean movilizarse cuando se discuta la ley. La presión política podría aumentar, y la fuerza con la que el proyecto llegó con su media sanción podría debilitarse.

En este contexto, una senadora peronista declaró: «Vamos a tener los mismos números que con el DNU».