En medio de negociaciones internacionales y presiones cruzadas, el gobierno de Javier Milei enfrenta una disputa clave que excede lo comercial y pone en tensión su alineamiento con Donald Trump: la histórica pelea entre laboratorios nacionales y multinacionales por el control del mercado farmacéutico argentino.

El conflicto, que lleva décadas, atraviesa un momento decisivo. La puja por un negocio multimillonario impacta en el Congreso, los medios y también en la Justicia, donde el fiscal Carlos Stornelli reactivó una causa iniciada durante la pandemia contra Hugo Sigman, en simultáneo con la avanzada de empresas estadounidenses que buscan ampliar su participación en el país.

El oficialismo tiene plazo hasta el 30 de abril para avanzar en el Congreso con la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (TCP), una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger y respaldada por la administración de Donald Trump. Este acuerdo forma parte del tratado de libre comercio firmado en Washington en noviembre de 2025.

La disputa enfrenta, por un lado, a los laboratorios locales nucleados en CILFA —con nombres como Hugo Sigman, Marcelo Figueiras, Eduardo Bagó y Roemmers— y, por el otro, a gigantes internacionales agrupados en CAEME, entre ellos Pfizer, Merck y Johnson & Johnson.

En este contexto, la Resolución Conjunta 1/2026 firmada por Mario Lugones, Luis Caputo y el titular del INPI, Carlos María Gallo, eliminó una normativa vigente desde 2012 que establecía límites en materia de patentamiento dentro de la Ley 24.481, originalmente promovida por Domingo Cavallo.

La discusión remite a los años noventa, cuando Argentina se alineó con estándares internacionales de propiedad intelectual exigidos por grandes farmacéuticas. Hoy, esa presión se mantiene a través del Informe Especial 301 de Estados Unidos, que sigue ubicando al país en la “Priority Watch List” pese a la cercanía política entre Javier Milei y Donald Trump.

Un informe del Observatorio Sudamericano de Patentes advierte que este listado responde a intereses comerciales estadounidenses y no a normas multilaterales. Aun así, influye de manera directa en las decisiones locales sobre propiedad intelectual.

El mercado farmacéutico argentino es uno de los más relevantes de la región: mueve unos 6.000 millones de dólares anuales y crece entre un 8% y 10% por año. Los medicamentos de marca representan el 70% del total, mientras que los genéricos ocupan el 30% restante.

En este escenario, la regulación de precios, el sistema de patentes y la competencia entre laboratorios son ejes centrales de una disputa donde, según especialistas, el acceso a medicamentos queda relegado. Coinciden en que tanto la mayor injerencia extranjera como el dominio de los laboratorios locales pueden derivar en precios elevados.

Uno de los puntos más controvertidos es la posible implementación de la exclusividad de datos de prueba, una herramienta que impediría la producción de genéricos durante años incluso tras el vencimiento de patentes. Para el Observatorio, esto generaría un “monopolio artificial” con impacto negativo en el acceso.

Además, se advierte sobre prácticas como el evergreening, que extiende artificialmente la vigencia de patentes mediante modificaciones menores en los medicamentos, bloqueando la competencia.

El impacto económico también alcanza al Estado. El PAMI, principal comprador de medicamentos, vería incrementados sus costos ante cualquier suba de precios, al igual que obras sociales y prepagas que ya operan con presupuestos ajustados.

Desde el oficialismo y sectores afines sostienen que una mayor competencia podría reducir precios, pero especialistas advierten sobre los riesgos de dejar el sistema en manos de grandes corporaciones internacionales como Pfizer.

En el centro de esta disputa aparece el INPI, organismo clave en la aprobación de patentes. Allí se acumulan críticas por demoras, falta de recursos y salarios bajos que afectan la calidad técnica. El organismo arrastra miles de expedientes sin resolver, con retrasos que superan los cinco años.

Según el Observatorio, el instituto no logró consolidar una política sólida y suele reaccionar a presiones externas. “En lugar de posicionarse como autoridad técnica con autonomía conceptual, el INPI ha quedado frecuentemente en un rol reactivo a intereses privados y extranjeros. Los recursos humanos -profesionales y técnicos- no son tomados en cuenta en la matriz de decisiones gerenciales”, advierten.

La conducción de Carlos María Gallo también es cuestionada por su cercanía con el sector privado y la falta de una estrategia de desarrollo tecnológico. Mientras tanto, el sistema sigue funcionando con un esquema burocrático que desalienta la innovación y debilita la confianza tanto de empresas locales como extranjeras.