La Corte Suprema de Justicia puso esta tarde en vigencia el nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros, con el presidente del máximo tribunal Horacio Rosatti a la cabeza.

También ordenó tomarle juramento a los nuevos consejeros electos y notificar a la Cámara de Senadores y de Diputados, que hasta ahora no mandaron a sus representantes por las segundas minorías.

Así lo dejó en claro la Corte Suprema, en un fallo firmado por Rosatti y sus colegas Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti no firmó la resolución porque se encuentra en el exterior. Anoche, Cristina Kirchner rompió el silencio sobre el tema y criticó directamente al máximo tribunal hablando de “casta judicial”, mientras voces oficialistas hablaban de golpe institucional y amenazaban con pedidos de juicio político.

La respuesta de la Corte Suprema apareció en forma de fallo: reafirmó la decisión sobre el Consejo tomada en diciembre que, según resaltó, “es cosa juzgada” y decidió no demorar el funcionamiento del organismo que selecciona y controla la labor de los jueces pese a que el Congreso no haya nombrado a sus representantes. “Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos –cualquiera fuera el motivo– pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional”, sostuvo el Máximo Tribunal en una clara alusión al camino que decidió tomar el oficialismo en el Congreso.

Todo se enmarca en el escenario que enfrenta por estas horas el Consejo de la Magistratura, el órgano creado por la Constitución Nacional de 1994 para seleccionar y controlar a los jueces. Cuando se creó, ese estamento tenía 20 miembros, encabezados por el presidente de la Corte. Pero en 2006 la entonces legisladora Cristina Kirchner promovió una ley para que el Consejo de la Magistratura tuviera trece integrantes. Desde ese momento, el Colegio de Abogados promovió la inconstitucionalidad de la ley. En noviembre de 2015, la Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró inconstitucional la ley 26.080 de los 13 miembros.