La Corte Suprema de Justicia rechazó un reclamo de la empresa Farmacity para instalar sus locales en la provincia de Buenos Aires, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. La empresa cuestionaba la normativa provincial que regula quiénes pueden ser propietarios de farmacias en territorio bonaerense y que excluye a las sociedades anónimas.

Para la Corte Suprema, el legislador de la provincia ejerció sus facultades en forma razonable, basándose en principios de salud pública, ampliando la protección de los pacientes.

El caso se resolvió con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y el camarista federal Martín Irurzun (la jueza Mirta Gladis Sotelo de Andreu votó en disidencia). Los jueces Horario Rosatti y Carlos Rosenkrantz se excusaron de votar en este expediente, mientras que Juan Carlos Maqueda no votó.

Farmacity SA promovió una demanda contra la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener la declaración de nulidad de determinados actos por los cuales se le denegó una solicitud genérica para operar en el ámbito provincial y un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar, con sustento en lo establecido el art. 14 de la ley 10.606 que, al enumerar las personas que pueden ser autorizadas a instalar farmacias, no incluye a las sociedades anónimas.

Los jueces Lorenzetti y Highton indicaron que la cuestión planteada no encuadra en las facultades que el ordenamiento jurídico vigente reconoce como exclusiva y excluyente del Congreso de la Nación. Pero tampoco se trata de una materia expresamente vedada a la provincia, por lo que se trata de una competencia de incumbencia compartida y concurrente, lo cual también encuentra base en el principio de aplicación eficaz de los derechos del consumidor ya que la norma impugnada pretende proteger la salud de quienes consumen medicamentos, que constituyen un grupo especialmente vulnerable.

En esos términos, la autoridad provincial, dijeron, ejerce la porción del poder estatal que le corresponde, salvo una incompatibilidad constitucional insalvable.

En este sentido, los jueces consideraron que Farmacity no había probado que la aplicación de la ley provincial entorpecía severamente la política nacional. Las normas nacionales “pretenden avanzar en la concreción de políticas públicas comunes en orden a la protección de derechos fundamentales de la población y, en particular, de los consumidores de productos farmacéuticos”.

También consideraron que la exclusión de las sociedades anónimas como sujetos que pueden ser propietarios de establecimientos farmacéuticos en el territorio de la Provincia de Buenos Aires constituye una reglamentación razonable, pues no vulnera la libertad de comercio ni el derecho a la igualdad.

Agregaron que la exigencia de la titularidad de las farmacias limitada a las personas indicadas en la ley provincial busca garantizar la independencia profesional real para evitar que, eventualmente, se afecte el nivel de seguridad y calidad del abastecimiento de medicamentos a la población.