Los tiempos judiciales podrían ofrecer una pausa para resolver las discrepancias políticas. Esta perspectiva se centra en los casos relacionados con el DNU 70/23, que han estado transitando una ruta legal desde finales del año pasado, llegando finalmente a la Corte Suprema de la Nación. Además, hay una serie de casos que se están tratando directamente en dicho tribunal, como las demandas presentadas por los gobiernos provinciales.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó que los jueces prefieren que la judicialización no sea utilizada como un atajo para evitar el debate político. Subrayó la importancia de otorgar prioridad al diálogo político y expresó su interés en las reuniones y conversaciones en curso, ya que la resolución de las cuestiones políticas podría eliminar la necesidad de intervención judicial. Rosatti hizo estas declaraciones durante un evento en el Rotary Club de Buenos Aires, en un contexto en el que el Ejecutivo busca fortalecer lazos con los gobernadores provinciales en preparación para el Pacto de Mayo, y presenta un nuevo conjunto de reformas al Congreso.

En medio de este debate, la semana pasada la Corte Suprema frenó dos demandas que estaban bajo su competencia: rechazó por unanimidad las denuncias por inconstitucionalidad del extenso DNU presentadas por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y por el expresidente del Colegio de la Abogacía, Jorge Rizzo. Aunque esta decisión no implica un respaldo a la constitucionalidad del DNU, fue interpretada por el oficialismo como un alivio.

La demanda de Rizzo, en su propio nombre y en representación de la Asociación Civil Gente de Derecho, buscaba declarar la inconstitucionalidad total del decreto presidencial mediante una acción de amparo contra el Estado Nacional. Sin embargo, fue rechazada en todas las instancias, por lo que Rizzo presentó un recurso de queja ante la Corte. El tribunal entendió que «ni él (Rizzo) personalmente ni la asociación que preside tienen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU».

En relación con la acción declarativa de certeza presentada por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, contra el Estado Nacional, la Corte Suprema rechazó la petición in limine porque consideró que «la demanda no ha especificado ningún interés propio de la provincia (como entidad jurídica distinta de sus residentes) que esté actualmente y concretamente afectado».

En la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema se están llevando a cabo alrededor de 30 casos basados en las demandas de 17 provincias, que cuestionan el DNU 70/2023 o reclaman por las reducciones de transferencias por parte del Estado Nacional en áreas como educación, transporte, cajas jubilatorias e impuesto a las ganancias. Si bien las causas no están detenidas, se puede seguir su progreso en el Sistema Público de Expedientes. Aunque, mientras no haya resoluciones definitivas, la política tiene la oportunidad de negociar acuerdos fuera del ámbito judicial.

En la lista de expedientes se encuentran los gobiernos de Córdoba, Corrientes, Santa Cruz, San Luis y La Rioja, que han solicitado a la Corte Suprema que declare la inconstitucionalidad del extenso decreto presidencial que derogó más de 300 regulaciones.

El reclamo por los fondos comprometidos por la Nación en las cajas previsionales, el Consenso Fiscal 2017-2021 y la compensación por la reforma del impuesto a las Ganancias, aprobada por el Congreso en octubre de 2023, ha generado presentaciones por parte de Formosa, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Santa Fe, Chaco y Chubut.

Además, Entre Ríos también está demandando al gobierno nacional por la deuda relacionada con la Caja de Jubilaciones, así como por las regalías y excedentes vinculados a la represa hidroeléctrica de Salto Grande.

Santiago del Estero, La Pampa y Chubut han presentado denuncias debido a la eliminación del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del interior del país.

Mientras tanto, Misiones, Río Negro y La Rioja han llevado sus reclamos ante la Corte por la falta de prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) por parte del gobierno nacional.

La Provincia de Buenos Aires ha recurrido a la Corte por el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Complementario de Transporte y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal asignado por el ex presidente Alberto Fernández.

Además, la ciudad de Buenos Aires continúa solicitando la restitución de los fondos de coparticipación que fueron reducidos, una cuestión que la Corte Suprema ha resuelto provisionalmente mediante una medida cautelar hasta que se aborde la cuestión de fondo.

En el ámbito de Tribunales, la Justicia está haciendo esfuerzos para ponerse al día con los nombramientos pendientes y la implementación del Sistema Acusatorio.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, se reunió con los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal durante una visita a los Tribunales de Comodoro Py.

En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente primero de la Cámara, Daniel Petrone; el vicepresidente segundo, Diego Barroetaveña, y los magistrados Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Gustavo Hornos, Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Javier Carbajo.

La agenda se centró en el papel de la Casación Federal en la implementación del Código Procesal Penal Federal y la necesidad de crear una lista de conjueces para cubrir eventualidades. Los magistrados informaron que continúan trabajando en la elaboración de protocolos, reglamentos y programas de capacitación para la aplicación del Código Procesal Penal Federal, así como en la contratación de personal y la adquisición de recursos tecnológicos.

Asimismo, Rosatti visitó por cuarta vez la jurisdicción de Rosario desde que se anunció la implementación del Sistema Acusatorio a partir del 6 de mayo próximo. Se reunió con los miembros de la Cámara Federal de Rosario Fernando Barbará, Anibal Pineda, Silvina Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal.

La Corte Suprema creó 16 nuevos cargos para funcionarios y personal administrativo, técnico y de servicio en la dotación de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, y asignó tres aeronaves al Ministerio de Justicia de la provincia de Santa Fe para llevar a cabo actividades operativas e investigativas de policía en función judicial, centradas en la lucha contra el narcotráfico. Además, autorizó la contratación de seis funcionarios para los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario.

Por otro lado, el Consejo de la Magistratura ha autorizado al Administrador General del Poder Judicial de la Nación a realizar contrataciones de bienes, servicios, alquileres de obras e inmuebles.