La Corte Suprema de Justicia remitió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la causa que frenó el aumento de tarifas de gas en todo el país, y le pidió su dictamen antes de emitir su fallo.

Fuentes judiciales indicaron que Gils Carbo recibirá esta tarde el fallo dictado por la sala IIª de la Cámara Federal de La Plata para emitir su opinión sobre la cuestión.

La decisión del máximo tribunal fue tomada por un acuerdo de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y de esta manera se demorarían los tiempos del Gobierno para resolver la cuestión de inmediato, ya que habrá que esperar el dictamen de la procuradora.

Ayer, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, consideró que "sería muy grave" que la Corte Suprema de Justicia no avale el aumento de tarifas, aunque avisó que el Gobierno realizará una "audiencia informativa", para dar a conocer el valor de "la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo".

El pasado 7 de julio, la Sala IIª declaró "nulas" las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería que dispusieron la suba y ordenó "retrotraer" la situación tarifaria "a la existente previamente al dictado" de esas normas.

El fallo surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos, y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal 4 de esta capital, que ordenó convocar a una audiencia pública, para debatir con usuarios los aumentos que empezaron a regir en marzo.

La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que "la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana, que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales", declaró la "nulidad" de las resoluciones del Ministerio de Energía.

Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que mientras se analizaba ese recurso la resolución que frenó la suba de tarifas permanezca suspendida.

Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos en el valor de ese servicio.

Tres días más tarde la Cámara Federal habilitó, por pedido del gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del precio del gas.

La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra la suba y los de la Sala IIª de la Cámara, que resolvió el pasado 4 de agosto aceptar la apelación del Ejecutivo y girar el expediente a la Corte, aunque con el ajuste de tarifas suspendido.