La Corte Suprema de Justicia rechazó este martes la recusación presentada por Cristina Fernández de Kirchner contra el ministro Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad. Con esta decisión, el máximo tribunal despejó el último obstáculo procesal y quedó habilitado para resolver en cualquier momento si confirma o no la condena a seis años de prisión dictada por el Tribunal Oral Federal 2. La resolución abre paso a un fallo que, si se produjera antes de las elecciones de 2025, podría dejar a la expresidenta fuera del juego político o incluso, eventualmente, acelerar un pedido de detención.

El rechazo a la recusación no implicó un pronunciamiento sobre el fondo de la causa, pero sí dejó clara la voluntad de la Corte de avanzar. El expediente llegó a sus manos a fines del año pasado y se encuentra en etapa de revisión. Fuentes judiciales indicaron al portal que ya hay al menos un voto redactado dentro del tribunal. En esa línea, desde el entorno de Cristina advierten que el fallo podría salir en plena campaña electoral, como una forma de condicionar la reconfiguración del peronismo.

La señal institucional fue acompañada, casi en simultáneo, por una ofensiva mediática encabezada por el diario La Nación. En una de sus columnas habituales, Joaquín Morales Solá firmó un artículo titulado «La decadencia política de Cristina Kirchner», en el que sostuvo que «la causa Vialidad podría concluir con una condena firme de la Corte y una orden de prisión efectiva». El columnista oficialista no dejó lugar a ambigüedades: “El futuro político de Cristina Kirchner está en manos de los jueces de la Corte Suprema”, escribió, y agregó que “la sociedad necesita un cierre ejemplificador”.

Más que un análisis, el texto funcionó como una sugerencia directa a los magistrados del máximo tribunal. Morales Solá, un interlocutor histórico del establishment judicial, insistió en que “si la Corte no actúa con determinación, consolidará la impunidad de la política”. Esa presión discursiva se alineó con el operativo judicial en marcha, alimentando la tesis de una ofensiva coordinada entre los sectores concentrados del poder económico, mediático y judicial.

La narrativa del diario fundado por Bartolomé Mitre insiste en describir a la expresidenta como una figura “aislada”, “en retirada”, o “residual”, con el objetivo de construir un clima de opinión que justifique su proscripción definitiva. La avanzada se inscribe en un clima político donde cualquier expresión de reorganización opositora es rápidamente sofocada. En ese marco, la Corte aparece como un actor central en la arquitectura del disciplinamiento.

Al parecer, los movimientos del tribunal no responden exclusivamente a razones jurídicas sino a una estrategia política más amplia. La intervención en causas sensibles, la oportunidad de los fallos y los tiempos procesales revelan una agenda propia. En rigor, La Corte tiene en sus manos el botón rojo de la bomba electoral y el tribunal está cada vez más cerca de presionar ese botón.

El fallo sobre la causa Vialidad no sólo puede sellar la suerte judicial de Cristina Kirchner. También puede condicionar la interna del peronismo, disciplinar a los sectores que intenten reagruparse en torno a su figura y generar un efecto ejemplificador sobre el resto del sistema político. El mensaje es claro: no hay espacio para el retorno del kirchnerismo, ni como corriente ni como liderazgo.

En ese marco, la presión de los medios como La Nación no opera en soledad. Funciona como caja de resonancia de los sectores del poder real que hoy gobiernan sin representación electoral. La persecución judicial ya no se disimula bajo ropajes institucionales: se expone con crudeza en los titulares, en las columnas de opinión y en las decisiones del máximo tribunal.

La pregunta que se abre es si la Corte elegirá finalmente fallar antes de los comicios de 2025 o si esperará a que se definan las candidaturas. Lo que está claro es que el caso Vialidad ya no es sólo una causa judicial: se convirtió en una herramienta de reordenamiento del mapa político nacional. Con la Justicia, los medios y el poder económico en sintonía, la democracia argentina enfrenta un escenario donde los votos podrían ser menos decisivos que los fallos.