La Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo del Episcopado, delineó un diagnóstico económico y social preocupante, destacando la pérdida de 60.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, el impacto en unas 1400 empresas debido a la paralización de la obra pública, una caída del 28,5% en las ventas de los comercios minoristas en enero, la persistente inflación, un ajuste del 38,1% en las jubilaciones y declives en el poder adquisitivo y los salarios. Además, señaló un contexto de creciente pobreza y un clima de «altísima fractura social».

En el transcurso de los 100 días de gestión del gobierno de Javier Milei, el organismo eclesiástico resaltó el aumento de la demanda de alimentos en los comedores comunitarios y expresó preocupación por la calidad institucional en torno a las medidas gubernamentales, como el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, vigente con cambios en más de 70 áreas, «reguladas por leyes establecidas por el Congreso y la Constitución».

La Comisión Nacional de Justicia y Paz, con su trayectoria en la atención de diversas crisis sociales e institucionales en el país, suele reflejar el pensamiento predominante entre los obispos a través de sus pronunciamientos.

En esta declaración, en medio de un panorama marcado por indicadores negativos, la comisión advierte sobre un fenómeno interesante en el ámbito social. Se destaca «el respaldo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos o incluso de aquellos directamente afectados por la inflación y la recesión». Al mismo tiempo, se señalan los apoyos explícitos de sectores con mayores recursos, liderados por las cámaras empresariales, en contraste con un clima de «altísima fractura social». Esta polarización se manifiesta con frecuentes muestras de alegría en las redes sociales ante situaciones dramáticas como despidos, lo que refleja una agresividad social amplificada por dispositivos móviles y ordenadores.

La Comisión, compuesta por laicos designados por el Episcopado, denunció lo que describió como una «insensibilidad social» por parte de las autoridades hacia las medidas de ajuste, manifestando una mayor preocupación por lo que perciben como una cultura de odio y extremo individualismo.

El escenario de pérdida de empleo y beneficios congelados, dificultando su acceso, genera una tensión palpable con movimientos populares y sindicatos debido a las oleadas de despidos tanto en el sector público como privado. Mientras tanto, se observa que los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas permanecen intactos, al tiempo que se recurre al ajuste sobre trabajadores y jubilados para reducir el déficit.

Este diagnóstico crítico se basa en informes diarios que la comisión recibe de diversos sectores económicos, políticos y sociales, los cuales reflejan la multiplicación de situaciones que afectan la supervivencia de miles de personas de todas las edades y condiciones.

«La pérdida de puestos de trabajo es una situación lamentable. Las cámaras empresariales de la construcción han declarado el estado de emergencia en todo el país, advirtiendo sobre el futuro incierto de 1400 empresas y 200,000 empleos debido a la paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional y la contracción general de la actividad económica. Hasta la fecha, se han perdido aproximadamente 60,000 puestos de trabajo directos en este sector», señaló.

«En el sector comercial, las ventas minoristas de las pymes cayeron un 28,5% interanual en enero, con la mayor retracción registrada en farmacias (-45,8%), seguida por alimentos y bebidas (-37,1%). En enero, el índice de producción industrial de las pymes experimentó una caída promedio del 30% interanual. La industria automotriz se paralizó, con suspensiones totales en plantas como la VW de Pacheco y más de 20,000 despidos en pequeñas y medianas empresas autopartistas», añadió.

«Por otro lado, la agricultura familiar enfrenta problemas financieros, alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian despidos del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país, y el cierre de sus dependencias», continuó.

«La persistente inflación y los aumentos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos. El salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y enero de este año, continuando su declive hasta la fecha. Si bien ya existía una situación inflacionaria, la devaluación del 100% en diciembre implicó un aumento significativo en los precios, con una recesión también excepcional en términos de velocidad y profundidad», explicó.

El comunicado de Justicia y Paz agregó: «Con preocupación y sensibilidad, la comisión del Episcopado advirtió sobre la persistente caída de los salarios en el sector público (25%) y privado (19,3%). Pero lo que más preocupa es que el ajuste haya recaído sobre las jubilaciones y pensiones contributivas, con una disminución gravísima del 38,1% interanual en valores reales, explicando un tercio del recorte, lo que resulta en una reducción considerable de los ingresos de jubilados y en prestaciones de salud y discapacidad», indicó. «La situación en los comedores populares es apremiante debido al aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos».

«Es urgente devolver a la política su verdadero sentido como una de las formas más valiosas de caridad, porque busca el bien común», citó la comisión al papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. «La acción política debe promover el cuidado de la vida, la dignidad humana, el trabajo digno para todas las personas y la erradicación del hambre y la exclusión. No hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz», concluyó.