La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación criticó que la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la conducción de la ministra, Patricia Bullrich, ejerza funciones de espionaje que podrían contradecir la Ley de Inteligencia Nacional.

La nota se llevó a cabo luego de la denuncia presentada por la ministra sobre un presunto operativo ilegal destinado a desestabilizar al gobierno de Javier Milei.

En una comunicación enviada a las presidencias de ambas cámaras y a las autoridades de los bloques parlamentarios, el órgano bicameral -presidido por el senador radical, Martín Lousteau-, advirtió que el Decreto Presidencial 383/2025, firmado en junio, le da a la PFA atribuciones que se superponen con las propias de los organismos de inteligencia.

Según los legisladores de la oposición, este marco legal habría sido utilizado por Bullrich para fundamentar su denuncia y solicitar allanamientos a periodistas y a un canal de streaming.

El senador Lousteau cuestionó duramente la actuación de la ministra: «El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad».

El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de…

— Martín Lousteau (@GugaLusto) September 1, 2025

Además, agregó: «En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos. Desde que asumió, ha tensionado los límites constitucionales con DNU abusivos, ataques a la prensa y bloqueos legislativos. Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades».

La Comisión Bicameral destacó que el decreto 383/2025 excede lo previsto por la Ley de Inteligencia. Según el texto legal, el artículo 5°, inciso 3°, establece que la PFA debe «desarrollar acciones de inteligencia criminal, en el marco de lo dispuesto por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, sus modificaciones y demás legislación vigente en la materia». Sin embargo, el artículo 6°, inciso 4°, del mismo decreto, le otorga facultades para realizar «análisis criminal, de políticas de seguridad y de operatoria policial», áreas que no se encuentran contempladas por la ley salvo disposición expresa de la autoridad competente.

El cuerpo legislativo subrayó que estas modificaciones generan una superposición innecesaria de funciones y debilitan el consenso parlamentario sobre la naturaleza pública y controlada de la inteligencia estatal, un pilar del Estado de Derecho. «Además, compromete la posibilidad de consolidar un sistema de inteligencia unificado y coordinado, sujeto a un control parlamentario robusto y con amplias facultades de supervisión», indicaron los legisladores en su nota.

Los miembros de la Comisión Bicameral consideraron crucial establecer los lineamientos para que la PFA desarrolle sus tareas dentro del marco de la Ley N° 25.520 y bajo la fiscalización parlamentaria. «Resulta imperioso evitar prácticas de espionaje sin control«, concluyeron.