Mientras los gobiernos provinciales insisten con sus reclamos por una mayor asistencia económica ante la caída en la recaudación, la Casa Rosada acelera la convocatoria a la primera reunión del Consejo de Mayo. El objetivo es iniciar el diálogo con representantes provinciales, legisladores y actores del ámbito productivo sobre futuros proyectos legislativos, con especial énfasis en el equilibrio de las cuentas públicas, una reforma impositiva y la actualización del régimen laboral.

Fuentes cercanas al organismo multisectorial señalaron que la administración libertaria busca que la convocatoria “se realice lo antes posible”. Según trascendió, el encuentro podría concretarse durante la próxima semana o, en su defecto, en los primeros días de julio. “Todo depende de las agendas de cada uno de los miembros, se está organizando”, explicaron voceros oficiales.

La coordinación de esta mesa estará a cargo del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien además preside el Consejo de Mayo, conforme lo establece el Decreto 617/2024, norma que dio origen a este espacio de trabajo.

También participarán de los encuentros el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, representando a las provincias; la senadora radical Carolina Losada y el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, por el Congreso; el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, por el sindicalismo, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en nombre del empresariado.

La función del grupo será convertir en propuestas legislativas los diez puntos del denominado Pacto de Mayo, firmado el pasado 9 de julio por el presidente Javier Milei y un conjunto de gobernadores en la Casa Histórica de Tucumán.

Cabe recordar que los mandatarios Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) decidieron no suscribir ese acuerdo.

Entre los compromisos establecidos en el texto se destacan: garantizar la propiedad privada; asegurar un equilibrio fiscal sin concesiones; reducir el gasto estatal al 25% del PBI; promover una educación útil y moderna con plena alfabetización; y avanzar en una reforma tributaria que alivie la carga impositiva, simplifique trámites y estimule el comercio.

El documento también plantea revisar el esquema de coparticipación federal para eliminar lo que consideran un “modelo extorsivo”; fomentar la explotación provincial de los recursos naturales; impulsar una reforma laboral que incentive el empleo formal; rediseñar el sistema previsional para asegurar su viabilidad; y abrir la economía al mercado internacional para reposicionar al país en el escenario global.

En los últimos días, un grupo reducido de gobernadores -en representación de las 24 jurisdicciones- se reunió con Francos en la Casa Rosada para expresar su preocupación por la merma en los ingresos tributarios y proponer medidas compensatorias.

En concreto, solicitaron que se coparticipe el fondo restante de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se modifique la asignación del impuesto a los combustibles líquidos, cuya ejecución por parte del Estado nacional está en pausa.

Como respuesta, el funcionario pidió a los mandatarios postergar el encuentro previsto en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para esta semana, con el fin de analizar sus demandas y acercar una contrapropuesta.

Ante esta situación, Francos resolvió abordar el tema dentro del marco del postergado Consejo de Mayo, cuya puesta en marcha se ha demorado más de un año desde su creación y aún no ha celebrado su primera reunión oficial.

Ese primer encuentro se realizaría en el Salón de los Escudos, ubicado junto al despacho del jefe de Gabinete, en lo que antes era el Ministerio del Interior, dentro de la sede gubernamental de Balcarce 50.

“Principalmente, se va a hablar de los tres temas más importantes, que son las cuestiones fiscales, tributarias y laborales”, anticiparon fuentes al tanto de la convocatoria.

Además, Francos ya prepara su presentación ante el Senado, pautada para el próximo miércoles, donde deberá rendir un nuevo informe de gestión. La cita ocurre en medio de un clima tenso para el oficialismo, dado que se debatirá el proyecto impulsado por la oposición para actualizar las jubilaciones, una medida que, según el Ejecutivo, compromete la estabilidad financiera del Estado.