Tras varias semanas de tensión política, la Casa Rosada decidió dar un giro en su relación con los mandatarios provinciales y presentó en el Congreso dos proyectos de ley que buscan acercar posiciones respecto a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

Según varios gobernadores, la propuesta será analizada con detalle en cada distrito antes de definirse. Sin embargo, algunos admiten que podrían aceptarla como salida para cerrar la disputa y evitar un eventual veto presidencial.

“Lo mejor es acordar, pero todavía tenemos que estudiar la iniciativa antes de tomar una decisión”, expresó uno de los mandatarios consultados, cercano a la gestión de Javier Milei, aunque sin vínculo electoral con La Libertad Avanza.

Una posición similar se replica en provincias del centro del país, donde, pese a las críticas al oficialismo, reconocen que deben revisar minuciosamente la iniciativa antes de fijar postura.

El miércoles, tras la aprobación en la comisión de Presupuesto y Hacienda, el Gobierno presentó dos opciones para repartir automáticamente los ATN y coparticipar el impuesto a los combustibles.

Con el acompañamiento del PRO y de legisladores provinciales como la mendocina Lisandro Nieri y la sanjuanina Nancy Picón, la Nación propuso una nueva fórmula de reparto de los fondos, con la intención de dar por concluido el enfrentamiento.

Ese dictamen, que reunió 15 firmas en minoría, contempla que los ATN no asignados durante un período fiscal se transfieran a las provincias “de forma mensual” una vez finalizado el ejercicio.

En cuanto a los ingresos provenientes de los combustibles, la propuesta establece que el 32% vaya al Tesoro Nacional, el 40% a las provincias y el 28% al Sistema Único de Seguridad. Estos porcentajes difieren de la versión original, que planteaba 14,29%, 57,02% y 28,69% respectivamente, además de eliminar varios fondos fiduciarios.

“Lo único que creo que es beneficioso para los gobernadores en todo este proceso es que, en el caso de que salga la ley, no se va a poder vetar, porque las diferencias entre ambos dictámenes son minúsculas. Para ellos, esta fue una victoria”, confió una fuente con acceso directo a varios mandatarios.

El conflicto por los recursos se remonta a fines de junio, cuando, tras una reunión fallida en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), las 24 jurisdicciones enviaron al Congreso los proyectos para presionar a la Casa Rosada en su reclamo de una mejor distribución de fondos nacionales, en un contexto de caída de la recaudación y paralización de la obra pública.

El Senado ya dio media sanción a las iniciativas, por lo que ahora la expectativa está puesta en la Cámara de Diputados, que podría tratarlas en los próximos días.

La diputada libertaria Lorena Villaverde, presidenta de la comisión de Energía, subrayó que “La Libertad Avanza impulsa la eliminación de fideicomisos y fondos que distorsionan el precio de los combustibles”.

“Con este dictamen terminamos con la caja política de fideicomisos opacos que manejaban discrecionalmente los recursos de los argentinos. Ahora, cada peso que se cobra en impuestos a los combustibles será transparente, previsible y llegará a las provincias según la ley”, aseguró la legisladora.

Mientras tanto, sigue pendiente la reunión que el jefe de Gabinete Guillermo Francos planeaba mantener con los gobernadores para debatir este tema, encuentro que quedó sin fecha tras la derrota del oficialismo en Diputados.