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Cruce entre el Gobierno y la UIA: Rappallini rechazó los dichos de Caputo y alertó por la crisis industrial
Politica

El presidente de la Unión Industrial Argentina cuestionó las declaraciones del ministro de Economía y defendió el rol del sector fabril. En paralelo, un informe privado advirtió que este año podrían desaparecer más de 3.000 empresas industriales y perderse hasta 105.000 puestos de trabajo.

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7 agosto, 2026

La tensión entre el Gobierno nacional y el sector industrial sumó un nuevo capítulo. El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, respondió a las críticas de Luis Caputo y sostuvo que los agravios «no son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar este país adelante».

La polémica comenzó después de que el ministro de Economía cuestionara a quienes defienden a la industria argentina. Durante una exposición ante empresarios, Caputo afirmó: «Para todos los tarados que hablan de la industria», luego de cuestionar el desempeño del sector durante los años de subsidios y protección económica.

Frente a esas declaraciones, Rappallini marcó diferencias, aunque ratificó su respaldo a los objetivos de estabilidad económica. «Defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica», afirmó. Además, remarcó: «Argentina necesita una industria competitiva, integrada al mundo y capaz de exportar».

El titular de la UIA explicó que la entidad mantiene desde hace meses conversaciones con el Gobierno para plantear los problemas que afectan a la producción. Entre ellos mencionó la presión impositiva, los costos laborales, las dificultades de financiamiento, la infraestructura, el bajo nivel de consumo y la competencia desleal de productos importados.

«No defendemos privilegios, sino que queremos tener las mismas condiciones para competir. Este es el punto», sostuvo. También pidió mayor reconocimiento para las empresas que invierten en innovación y exportaciones.

Rappallini aclaró que el sector no reclama una devaluación ni beneficios extraordinarios. «No estamos pidiendo privilegios, y no estamos pidiendo tampoco ni devaluaciones, estamos pidiendo tener mayor competitividad e igualdad de condiciones», expresó.

Un informe privado advirtió por el cierre de empresas

El cruce político coincidió con la difusión de un relevamiento que reflejó el deterioro de la actividad manufacturera. Según un informe elaborado por la consultora I+D (Industria y Desarrollo), durante los primeros cuatro meses de 2026 dejaron de operar 1.070 empresas industriales y, si la tendencia continúa, el año podría terminar con más de 3.000 cierres.

Los datos también indicaron que desde diciembre de 2023 hasta abril de 2026 desaparecieron 3.759 firmas industriales, de acuerdo con registros construidos sobre estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

El estudio proyectó además la pérdida de hasta 105.000 empleos industriales durante 2026, entre puestos directos e indirectos. En la actualidad, el sector ya acumula cerca de 90.000 empleos directos menos y otros 60.000 indirectos.

Otro de los indicadores que encendió las alarmas fue la utilización de la capacidad instalada. El promedio de capacidad ociosa alcanzó el 40%, en un contexto marcado por la apertura comercial, la debilidad del mercado interno y el elevado costo del financiamiento.

El director de la consultora I+D, Diego Coatz, describió el escenario con una fuerte advertencia: «La industria está atrapada en un efecto sándwich: por un lado, una demanda interna debilitada que limita las ventas y, por el otro, costos en dólares e importaciones desleales, más contrabando, crecientes que comprimen los márgenes».

A ese panorama se sumaron los últimos datos de actividad. Distintas consultoras privadas señalaron que la producción manufacturera permaneció por debajo de los niveles de 2023, con caídas que afectaron especialmente a los sectores textil, indumentaria, cuero y calzado, maquinaria y la industria automotriz.

La controversia también generó repercusiones en otras entidades empresarias. La Federación de Industriales de Santa Fe cuestionó el tono utilizado por el ministro y sostuvo que «la descalificación y el agravio no constituyen una respuesta a los problemas que atraviesa el aparato productivo». Desde la entidad reclamaron políticas que mejoren la competitividad y permitan sostener la inversión y el empleo.

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