Fue durante última sesión de cara al receso invernal y la iniciativa fuer girada al Senado. Además hubo serios rumores de que el radicalismo no bajaría al recinto para expresar su diferencia con el sector de De Narváez por las listas. Se convirtió en ley la declaración del predio de Santa Catalina como Paisaje Protegido y Reserva Natural. Finalmente no se trató el proyecto que establece cupos laborales para quienes hayan cumplido su condena en algún servicio penitenciario de la Provincia.
La Cámara de Diputados de la provincia tuvo su última sesión antes del receso invernal y en un clima de tensión ante los rumores de que el radicalismo no bajaría al recinto. Hasta allí llegaron las repercusiones del enfrentamiento que desató el pedido de impugnación que Gonzalo Atanasof realizó sobre la lista del candidato radical Sergio Panella en La Plata.
Hasta ahora, Panella se presentará con una boleta corta y quedará impedido por no haber incluido en su nómina para las internas a algún dirigente del espacio denarvaísta. Lo cierto es que las tensiones estuvieron hasta último momento en que los diputados del radicalismo bajaron a la sala.
En cuanto a los temas que se trataron, se aprobó y giró al Senado un proyecto de ley impulsado por el legislador del FPV-PJ Marcelo Feliú, cuya finalidad es garantizar la protección de la vivienda única frente a las vicisitudes económicas. La propuesta contempla la obligación para que los notarios que intervengan en trámites relacionados con los inmuebles informen a los demás partícipes sobre la posibilidad de tramitar la afectación gratuita o de constituirlo en ese mismo acto con su intervención, y que la vivienda única quede al margen de cualquier aspiración de los acreedores.
Justamente, Diputados votó y giró a la otra cámara proyectos en el mismo sentido impulsados por María Laura Lacava y Horacio Delgado, del FVP-PJ, por los cuales se determinan que se deberá acreditar la inexistencia de deudas cuando se hagan las transferencias o constitución de derechos reales sobre inmuebles y su inscripción en el registro de la propiedad inmueble.
Asimismo, el Cuerpo aceptó los cambios del Senado y convirtió en ley el proyecto que declara reserva natural al predio Santa Catalina, de unas 728 hectáreas, circundante a la laguna de Santa Catalina, en el partido de Lomas de Zamora. Otras hectáreas, que se hallan bajo el dominio del Estado nacional, fueron declaradas Paisaje Protegido.
Fundamentaron la iniciativa, Marcelo Díaz, del GEN, y María Elena Torresi, de Unión Celeste Blanco, dos de los promotores del proyecto, junto con diputados de otras bancadas. Ambos legisladores aseguraron que se mantendrán pendientes de la reglamentación de la norma.
También quedó consagrada la ley que prorroga por 12 meses del plazo para completar el proceso de transformación de los tribunales de familia en juzgados unipersonales. Tuvo el mismo trámite legislativo la norma que determina el porcentaje por antigüedad que deben percibir los concejales municipales por cada año de servicio. Para aquellos que acrediten desempeño en la administración pública provincial o municipal anterior al 31 de diciembre de 1995, fija un 3 por ciento por cada año; en cambio, para los que tengan una antigüedad a partir del 1° de enero de 1996, recibirán un 1 por ciento por cada año de servicios.
En cuanto al proyecto de creación de cupos laborales para quienes hayan cumplido condena, Iván Buassi sostuvo que “el proyecto revela el claro compromiso del Gobernador y del estado provincial con una política de reinserción social para quienes, habiendo tomado un camino equivocado que los llevó a estar recluidos por un lapso considerable, puedan volver al mundo del trabajo y reconstruir su vida en forma plena”. “Por eso considero que, dada la importancia del proyecto, su aprobación no puede estar sujeta a los vaivenes de un año electoral y debe ser tratado en el recinto lo antes posible”, argumentó.
Entre otros expedientes, se respaldó la declaración del radical Aldo Mensi, que propicia una bonificación del 50 por ciento, de 10 a 16 horas, de lunes a viernes, en el pasaje de jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo, para que puedan cumplir con diligencias obligatorias.
