La diputada nacional Marcela Pagano amplió sus denuncias sobre el uso de fondos viales durante votaciones clave del Congreso. Afirmó que los recursos no llegarían de forma directa a los legisladores, sino a organismos y empresas vinculadas con las provincias cuyos representantes acompañaron al Gobierno. También aportó fechas y montos que, según sostuvo, muestran una relación entre los pagos y decisiones parlamentarias.
La diputada nacional Marcela Pagano volvió a apuntar contra el Gobierno de Javier Milei por el manejo de los fondos destinados a obras viales y presentó una serie de datos que, según su denuncia, permiten reconstruir una presunta ruta de contraprestaciones entre transferencias a las provincias y votos en el Congreso.
“Hay gobernadores que tienen precio”, afirmó Pagano al iniciar un nuevo hilo en redes sociales. La legisladora sostuvo que esta vez expondría un supuesto “tarifario” de mandatarios provinciales y vinculó el esquema con el tratamiento de leyes y decretos impulsados por la administración de Milei.
Hay gobernadores que tienen precio… el otro día te conté cuánto costaba una ley, hoy te voy mostrar el tarifario de algunos mandatarios provinciales, porque en la Argentina de @JMilei gobiernan con “la viva, la crocante”, y con “Mercado libre” para rematar tu futuro (abro hilo)
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) August 14, 2026
Según su explicación, el dinero no tendría como destino directo a los diputados o senadores. La operatoria, de acuerdo con la denuncia, pasaría por organismos viales provinciales o empresas con contratos de obra en cada distrito. El voto, en tanto, sería solicitado al legislador que responde políticamente al gobernador y el beneficio quedaría en la provincia.
Pagano puso el foco en un fideicomiso alimentado por un impuesto incluido en el precio de los combustibles. Recordó que esos recursos tienen como destino específico las obras viales y aseguró que el Gobierno los utilizó para conseguir respaldo parlamentario.
“El dato madre: cuando cargas combustible estás pagando un impuesto que alimenta un fideicomiso destinado exclusivamente a obras viales. Pero Milei lo usó para comprar leyes”, escribió.
Los pagos y las votaciones
Uno de los casos que mencionó corresponde a la Ley Bases, aprobada por el Congreso en junio de 2024. Pagano aseguró que el fondo permaneció seis meses sin efectuar pagos de obras y que la situación cambió el 10 y 11 de junio de ese año, cuando se desembolsaron $4.308 millones.
El dato que destacó es que el Senado trató la Ley Bases el 12 de junio, en una votación que terminó con 36 votos a favor y 36 en contra.
Para Pagano, la proximidad entre ambos hechos resulta significativa: “Y la canilla se abrió la víspera”.
La diputada también señaló los pagos registrados durante la sanción definitiva de la norma en Diputados. Según detalló, el 27 de junio de 2024 se pagaron $3.262 millones, con casi $1.000 millones destinados al corredor del norte.
Otro episodio señalado por la legisladora ocurrió el 9 de octubre de 2024, cuando el Congreso sostuvo el veto presidencial al financiamiento universitario. Pagano aseguró que ese mismo día se desembolsaron $3.186 millones.
El tercer caso corresponde al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El 19 de marzo de 2025, Diputados aprobó el DNU que habilitó el acuerdo. Pagano sostuvo que ese día y el anterior no hubo pagos, pero que 48 horas después se desembolsaron $6.596 millones, con una fuerte concentración en la vialidad de Santa Cruz.
“Primero el voto. Después el pago”, resumió.
El caso Misiones y la votación por el veto jubilatorio
Pagano también incorporó a su denuncia la votación del 20 de agosto de 2025, cuando el Congreso sostuvo el veto presidencial a la ley de aumento jubilatorio.
Según la diputada, el resultado dependió de unos seis votos y el Gobierno recibió un respaldo clave de los legisladores misioneros, que se abstuvieron en forma simultánea.
En ese punto, marcó una diferencia dentro del comportamiento de los legisladores de distintas provincias: los cuatro diputados vinculados al gobernador misionero Carlos Rovira se abstuvieron, mientras que los tres diputados de Salta vinculados a Gustavo Sáenz votaron en contra.
“El bloque se partió por gobernador, no por ideas: los 4 de Rovira se abstuvieron; los 3 de Sáenz votaron en contra”, sostuvo Pagano.
La legisladora afirmó que los pagos del fondo vial rodearon esa sesión y alcanzaron $20.983 millones durante esa semana, cifra que calificó como el conglomerado de desembolsos más grande de 2025.
Dentro de ese esquema, mencionó a Tucumán, que recibió $945 millones el 21 de agosto, un día que Pagano vinculó con el tratamiento en el Senado de una iniciativa relacionada con la continuidad de Vialidad Nacional.
También señaló a Misiones, que recibió $4.421 millones el 26 de agosto, seis días después de la abstención de sus diputados.
Pagano apuntó al salto de 2026
La diputada aseguró que la relación entre pagos y votaciones se intensificó durante este año.
De acuerdo con los datos que publicó, el 64,4% de todo lo desembolsado en 2026 se concentró en días de votaciones. Pagano comparó ese porcentaje con el 34% registrado en 2024 y el 20% de 2025.
También citó dos casos de Salta. Según su denuncia, la provincia recibió $847 millones el mismo día de la votación de la ley de glaciares y otros $941 millones en la jornada de la votación sobre zonas frías.
La legisladora sostuvo además que los distritos que respaldaron al Gobierno concentraron casi el 94% de los pagos dentro del esquema que analizó.
En contrapartida, aseguró que las provincias cuyos legisladores no acompañaron al oficialismo quedaron fuera de esos desembolsos.
“Y al que no acompaña? Ni un solo pago a su vialidad. Si la liberación selectiva es el premio, la exclusión es el cajón”, escribió.
Una denuncia que Pagano dijo haber llevado a la Justicia
La diputada presentó estos nuevos datos como una ampliación de una denuncia que, según afirmó, ya realizó ante la Justicia Federal.
Pagano remarcó que su presentación no se basa solo en interpretaciones políticas. “Con actas oficiales, montos y fechas, no con relatos”, afirmó al explicar el sustento de su denuncia.
El eje de su planteo apunta a determinar si la asignación de fondos públicos a determinadas provincias pudo funcionar como mecanismo de presión o recompensa frente al comportamiento de sus legisladores en el Congreso.
“Los votos de tu legislador no pueden tener precio. Y si lo tuvieron, se tiene que saber”, concluyó.
La diputada anticipó además que continuará con la denuncia y que en su próximo hilo expondrá, según adelantó, “el precio para frenar una ley y que no se sancione”.
