Por Silvana Fabeiro

Este 2011 muestra un escenario impensado meses atrás en el área de seguridad. Desde vastos sectores de la oposición bonaerense se reclamaba al Gobierno Nacional “el acompañamiento” y la “definición de políticas de seguridad” sobre todo en el territorio provincial, uno de los más castigados por la inseguridad.

Como se sabe, las ocupaciones de los predios durante diciembre marcaron un punto de inflexión y sin titubeos la presidenta Cristina Fernández tomó cartas en el asunto, aún a sabiendas de que con la designación de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad y el trazado de una línea política en sintonía con el discurso kirchnerista se evidenciarían las diferencias con el proyecto de Daniel Scioli.

Más allá de los esfuerzos puestos por la Provincia en mostrar que se “ha recibido de buena manera la llegada de los gendarmes”, que “hay una buena predisposición en trabajar de manera conjunta con Nación”, y pese a los buenos modos de Ricardo Casal que lo acercan a Daniel Scioli con un estilo “no confrontativo”, el choque se hace inevitable.

El nuevo pedido por la baja en la edad de imputabilidad reimpulsado en enero a consecuencia de un crimen perpetrado por un adolescente en el barrio de Tolosa, La Plata, puso en el centro del escenario las distintas opiniones entre los funcionarios con más llegada a Cristina Fernández y el gobernador bonaerense Daniel Scioli.

Pero, los hechos recientemente ocurridos en José León Suárez ponen en el ojo de la tormenta la cuestión clave sobre la que avanzaría el proyecto kirchnerista en materia de seguridad provincial: “la Bonaerense”.

Aquí es donde entra en juego Horacio Verbitsky, titular del CELS, quien critica dura y semanalmente al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal y al gobernador, Daniel Scioli, a través de su columna en el diario Página/12. El reconocido periodista, con gran llegada a la Rosada, apunta entre otras cosas a la criminalización de la pobreza y al desmanejo de la Policía que terminó en el asesinato de dos jóvenes la semana pasada.

Además, Verbitsky acusa a Casal de “proteger a la Policía” y en su nota señala, a través de un testimonio, que lo de José León Suárez se trató de una venganza de la policía en nombre del “subteniente Marcelo Luis Houriet” asesinado horas antes de que los efectivos policiales lleguen al lugar.

Por otra parte, los últimos trascendidos indican que “Nilda Garré quiere el control político de las Fuerzas de Seguridad” con el fin de llevar adelante un proyecto muy distinto al que viene desarrollando Scioli con la gestión de Ricardo Casal y Carlos Stornelli, ex titular de Seguridad. La impronta que la nueva Ministra de Seguridad y el Gobierno Nacional quieren asentar en la provincia se asocia con la vieja idea de León Arsalanian de “refundar la cultura policial y de las fuerzas de seguridad”.

Así, todo parece avanzar en esa dirección. A la intervención de los gendarmes en la provincia desde enero ahora se le suma la decisión de la Fiscalía 5 de San Martín de separar de la investigación por la masacre de José León Suárez a la policía bonaerense y encargar los peritajes, de entre otras cosas de unas 60 armas, a la Gendarmería.

Finalmente, detrás de todo esto correría una batalla interna que el núcleo duro del kirchnerismo le daría a Daniel Scioli con el cometido de amedrentar sus ambiciones presidenciales. Desde el impulso a la implementación de las colectoras, pasando por el achaque contra Casal hasta los rumores que señalan que la denuncia y la búsqueda, hasta ahora sin resultados, de Jorge Julio López estarían “orquestadas” para desprestigiar a ambos. Así las candidaturas se definirán con el correr de lo que se vislumbra como un tenso año electoral entre la Nación y la Provincia.