Tras unos días complicados en el ámbito parlamentario, el Gobierno intenta recuperar el control de su agenda legislativa y está considerando convocar al pleno del Senado el próximo jueves para aprobar el proyecto de Boleta Única Papel (BUP). Esta decisión conlleva un riesgo considerable, ya que en esa misma sesión la oposición podría avanzar en la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656, mediante el cual el Poder Ejecutivo aumentó los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El miércoles pasado, legisladores kirchneristas, de la UCR y Pro votaron en contra del decreto impulsado por Javier Milei, lo que representó un significativo revés político para el Presidente.

«En medio del endeudamiento del país en niveles límites aparece una opción que dice que necesitan $100.000 millones para la SIDE. Fue una de las gotas que colmó el vaso», expresó José Mayans, el senador formoseño y líder de uno de los bloques kirchneristas en la Cámara Alta. En una entrevista radial, adelantó el pasado domingo por la mañana que el propósito de los legisladores es abordar el decreto en la próxima sesión para «terminar con el abuso total».

A pesar de esta postura firme, otros referentes de Unión por la Patria (UxP) se mueven con cautela. Aunque es probable que los cerca de treinta senadores kirchneristas apoyen el rechazo inmediato al decreto, no se descarta que, tras una semana marcada por tensiones políticas, los sectores más dialoguistas de los bloques opten por reducir el nivel de confrontación con el Gobierno. «Es posible que los votos estén, pero la política entra a jugar. Hay que ver cómo están los humores», señaló un dirigente de Pro.

La actitud del Presidente será clave en este escenario, especialmente después de desafiar a los legisladores con el anuncio de que vetará la ley de recomposición jubilatoria, la cual incluye una nueva fórmula de movilidad. Según fuentes cercanas, en la Casa Rosada ya están preparando la impugnación para ejecutarla tan pronto como reciban la notificación de la aprobación del Senado. Este movimiento representará una nueva confrontación hacia una oposición fortalecida por sus recientes y contundentes victorias legislativas.

Sin una convocatoria oficial de sesión aún confirmada, los planes del oficialismo se aclararán en los próximos días. Mientras tanto, los libertarios están trabajando para alcanzar un acuerdo en torno al proyecto de boleta única con algunos bloques provinciales que solicitan modificaciones al texto original aprobado en Diputados. Asimismo, buscarán manejar el temario mediante un entendimiento con la oposición. «Se va a revisar en estos días. Vamos a evitar que nos sigan llenando la canasta de goles», confesó un referente del bloque de La Libertad Avanza (LLA).

Para facilitar la aprobación, el oficialismo podría ceder ante la solicitud de la senadora Mónica Silva, cercana al gobernador Alberto Weretilneck, de eliminar la opción en la boleta que permite votar por la lista partidaria completa. Durante la discusión en comisión, Silva argumentó que esta alternativa podría generar confusión y llevar a la anulación del voto si se marca tanto este casillero como otros. Si esta opción se elimina, se reduciría significativamente el «efecto arrastre» característico de la actual boleta partidaria.

Otro de los aspectos a modificar en el diseño de la boleta única es su formato en caso de elecciones simultáneas. Se propone que, si los comicios nacionales y provinciales coinciden, se implemente una boleta para los cargos nacionales y otra para los provinciales, además de una tercera para los municipales, si es aplicable. Además, se especifica que cada elección se realizará con urnas separadas.

Estas modificaciones alteran el proyecto original aprobado en Diputados, por lo que, de ser sancionadas en el Senado, el proyecto tendría que regresar a la Cámara baja para una segunda revisión.

El próximo miércoles, Manuel García-Mansilla, uno de los dos candidatos propuestos por el Gobierno para integrar la Corte Suprema, presentará su defensa pública de la nominación. Al igual que lo hizo el juez federal Ariel Lijo la semana pasada, el académico deberá someterse al escrutinio de los senadores en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde será evaluado su idoneidad para ocupar el cargo.

La candidatura de García-Mansilla no ha generado las mismas críticas que la de Lijo, especialmente en cuanto a su idoneidad, pero su designación sigue en la cuerda floja. El kirchnerismo, cuya influencia es clave para alcanzar los dos tercios necesarios para la aprobación de las postulaciones, se niega a dar su apoyo. Aunque el Gobierno había afirmado que los candidatos serían tratados en conjunto —»son los dos o ninguno«, sostenían—, la firme oposición de Unión por la Patria (UxP) podría forzar un cambio en esta postura.

El kirchnerismo ha condicionado su voto a la posibilidad de llegar a un acuerdo con el oficialismo. Le recrimina al Gobierno haber enviado los pliegos sin consultar previamente con las autoridades de su bloque, que con sus 33 senadores son fundamentales para alcanzar la mayoría requerida en el Senado, compuesto por 72 miembros.

Asimismo, se espera que esta semana avance el tratamiento del proyecto que busca asegurar el financiamiento de las universidades, el cual ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. En la última sesión, el senador radical catamarqueño Flavio Fama logró que se aprobara una moción de preferencia para que este proyecto sea discutido en la próxima reunión del pleno.

Dado que esta iniciativa podría impactar en las finanzas públicas bajo la administración libertaria, el senador Juan Carlos Romero (Salta-Cambio Federal) enfatizó la necesidad de que el proyecto pase por un despacho de comisión. «Para que sepamos conscientemente cuál es la realidad de los números«, subrayó Romero. La oposición seguirá de cerca el desarrollo de este debate, ya que sus implicaciones fiscales son significativas.

El Gobierno enfrenta un escenario complejo, donde su capacidad para avanzar con proyectos clave, como la Boleta Única Papel y la designación de jueces para la Corte Suprema, se ve frenada por la falta de consenso interno y la creciente resistencia del kirchnerismo y la oposición. La falta de diálogo con sus propios aliados ha debilitado su margen de maniobra, mientras que decisiones como el veto a la recomposición jubilatoria y el incremento de fondos para la SIDE solo profundizan las tensiones. Esta intransigencia y desconexión con las demandas políticas y sociales no solo paralizan su agenda, sino que ponen en riesgo su gobernabilidad en un contexto de desgaste creciente.