El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, resolvió aplicar un veto parcial al presupuesto destinado al funcionamiento de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para el año 2026, una decisión que profundizó el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

El decreto firmado por el gobernador dejó sin efecto la implementación de un sistema de giros automáticos y diarios hacia Diputados, tal como había sido aprobado por la Legislatura a fines de noviembre. En su lugar, se mantuvo el método previo: transferencias contra pedido, sujetas a la disponibilidad del Tesoro provincial y a las partidas definidas por el Ministerio de Economía.

En el veto a los cuatro artículos objetados, firmado por los ministros de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco, el Poder Ejecutivo argumentó que la Cámara baja al modificar los procedimientos contables rompe con el «equilibrio y equidad» de la administración pública e indicaron que «los artículos 15 y 16 del proyecto de ley, estrechamente relacionados con el 14 y 17 de la norma sancionada al innovar con vocación de permanencia el subsistema de la Tesorería de la Provincia, estableciendo modalidades de transferencias y adecuaciones diarias y automáticas, ponen en crisis el funcionamiento para todo el sector público provincial, el poder judicial y el propio poder legislativo».

La reacción política no tardó en llegar. Desde el cristinismo y el massismo calificaron la medida como un «veto parcial» y advirtieron sobre una posible inconstitucionalidad. El argumento central se apoya en el artículo 94 de la Constitución bonaerense, que establece que el Parlamento «sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo».

Pero en los considerandos del decreto, el Ejecutivo provincial argumentó que las modificaciones aprobadas por Diputados no se limitaban a una cuestión presupuestaria, sino que avanzaban sobre el sistema de Tesorería de la Provincia. Según esa interpretación, la automatización diaria de fondos podría desarticular el sistema de cuenta única y generar un trato diferencial para la Cámara de Diputados frente a, incluso, el Senado.

En concreto, Kicillof observó los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley 15.560, promulgada mediante el Decreto 2947/2025 y publicada en el Boletín Oficial. Esos puntos introducían un cambio sustancial en la modalidad de financiamiento de Diputados, al prever transferencias automáticas, diarias y proporcionales a los ingresos provinciales, además de habilitar la eventual intervención del Tribunal de Cuentas ante incumplimientos.

Desde la Gobernación buscaron bajar el tono del conflicto y remarcaron que las transferencias están garantizadas por el monto aprobado, aunque bajo el esquema original.

En el plano político, la decisión reavivó la interna peronista. Mientras algunos sectores del oficialismo provincial respaldaron la postura del gobernador, desde Diputados evalúan distintos caminos: judicializar el decreto o insistir con los dos tercios en el recinto para ratificar la redacción original.