En medio de los reclamos de intendentes por la delicada situación económica que atraviesan los municipios, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof avanzó con una nueva reglamentación que endurece las condiciones para acceder a fondos provinciales destinados a infraestructura y obra pública.

La medida fue oficializada por el Ministerio de Infraestructura que encabeza Gabriel Katopodis y establece mayores exigencias administrativas, técnicas y de control para habilitar desembolsos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.

El movimiento de la gestión de Kicillof se dio mientras distintos jefes comunales impulsan en la Legislatura un esquema de libre disponibilidad de recursos para afrontar gastos corrientes, como salarios, mantenimiento urbano y servicios esenciales, en un contexto marcado por la caída de la recaudación y el aumento de costos.

Con la nueva normativa, los municipios deberán presentar memorias descriptivas, planos, presupuestos detallados, documentación dominial y certificaciones técnicas firmadas por funcionarios responsables para poder acceder a las partidas provinciales.

Además, la Provincia se reservó la facultad de revisar los costos de cada proyecto, evaluar la razonabilidad de los presupuestos y controlar que las obras no se superpongan con trabajos ya financiados anteriormente. La aprobación final de cada transferencia quedará en manos de la Dirección Provincial de Infraestructura Municipal.

Otro de los puntos centrales del esquema es que los desembolsos estarán directamente atados al avance real de las obras. Para recibir un segundo giro de fondos, las comunas deberán demostrar al menos un 20% de ejecución y acreditar la colocación del cartel oficial correspondiente.

En tanto, el tercer desembolso solo podrá habilitarse cuando el avance supere el 50% y estén presentadas todas las rendiciones administrativas exigidas por la Provincia.

En términos políticos, la decisión de la Gobernación fue interpretada como un intento de evitar que los fondos destinados a infraestructura terminen siendo utilizados para cubrir déficits operativos de municipios afectados por la recesión económica.