Axel Kicillof reunió en La Plata a los diputados del Frente de Todos a quienes planteó la necesidad de resolver de manera coordinada con las provincias los fondos federales que Nación adeuda a Buenos Aires y también que el gobierno nacional vuelva a hacerse cargo de los subsidios a la energía, el transporte y el agua.

El encuentro contó con la presencia Máximo Kirchner y Sergio Massa, jefe de los diputados peronistas y presidente de Diputados, respectivamente. Massa dejó en claro al ingresar a la residencia del Gobernador, que la provincia «está desfinanciada y que además tiene un problema muy serio de deuda».

El líder del Frente Renovador planteó que una de las prioridades del gobierno y de los diputados electos por la provincia debe ser resolver en el Congreso el retraso en el Fondo del Conurbano sobre el que estimó que un esquema lógico de actualización tras los atrasos del gobierno de Mauricio Macri con la provincia debería ser de unos 100.000 millones de pesos.

Por la tarde, Kicillof visitó a Alberto Fernandez en la Rosada para avanzar en un nuevo esquema de fondos para la provincia. Según trascendió, la conversación se extendió por cuatro horas.

El Gobernador viene conversando con el Presidente sobre la necesidad de actualización del Fondo del Conurbano a partir de los fondos que se le retraerán a la Ciudad de Buenos Aires. Se sabe que esos fondos son clave para la provincia en un escenario de crisis que impacta de lleno en las cuentas de la provincia.

La situación de la provincia es compleja. Luego que Mauricio Macri le traspasara a la provincia los subsidios al transporte, la energía y el agua, el gobierno bonaerense no pudo afrontar los pagos.

Massa aseguró hoy que la provincia tiene con Aysa una deuda de 16.000 millones. En tanto, el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone, dijo a LPO que el costo de los subsidios al transporte durante 2020 ascenderá a los 50.000 millones.

Los gastos se suman. Solo a Edenor la provincia adeuda 1.700 millones pesos por lo que se denomina el ‘Convenio Marco’. Se trata del servicio de electricidad que consumen los barrios en los asentamientos. Existe un acuerdo por el cual las eléctricas no le cobran a los asentamientos, pero el Estado tiene que pagar ese consumo.

Esos gastos fueron transferidos a la provincia y Ciudad de Buenos Aires a mediados de 2018 a pedido de los gobernadores peronistas y en el marco de la discusión sobre quién pagaría el ajuste que implicaba un acuerdo con el FMI.

Por entonces, quien estuvo al frente del reclamo fue el gobernador de Córdoba, Juan Scharetti, quien elaboró un estudio en el que mostró que, a través de la SUBE, los porteños y bonaerenses reciben del Estado nacional el 96,4% del beneficio, mientras que el resto de las provincias recibe el 3,51%.

En esa discusión el bloque de los gobernadores proclamaba la necesidad de impulsar la transferencia de Aysa, Edesur y Edenor a la provincia y CABA. Más tarde, Schiaretti deslizó el tema de los subsidios al transporte como una manera de devolverle a Macri el peso del ajuste.

En cuanto al traspaso de las empresas distribuidoras de energía Edenor y Edesur a la órbita de la provincia, fue la ex gobernadora quien pisó esa transferencia hasta el final de su mandato. En noviembre de 2019, el PRO avanzó creando un ente bipartito entre provincia de ciudad. También se eligieron autoridades, que en su gran mayoría eran de la administración porteña. Sin embargo, todo ese esquema fue desarmado por el gobierno nacional cuando asumió el poder a partir de diciembre.