El ex fiscal federal Julio Strassera dijo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner "por ahora es intocable" en la causa judicial por los casi 8 millones de pesos que habría gastado en viajes internacionales en 2007, pero que podría ser imputada cuando concluya su mandato.

"No hay que olvidar que mientras (la Presidenta) está en la función publica no corre el término de la prescripción" afirmó Strassera, dando a entender que cuando Fernández concluya el mandato presidencial, en 2011, seguiría vigente la causa y podría pasar a la categoría de imputada.

Para el ex fiscal, en definitiva todo "dependerá de lo que quiera hacer el juez" que interviene en la causa, el federal Norberto Oyarbide, a la vez que consideró que "mientras tanto los otros funcionarios deberían ser llamados a declaración indagatoria".

El ex fiscal afirmó a radio Continental que el fiscal federal interviniente en la causa, Eduardo Taiano, "actuó muy correctamente" al impulsar la investigación y requerir al juez Oyarbide que ordene distintas medidas de prueba.

Para Strassera "son escandalosos" los gastos que insumieron los distintos viajes de Fernández de Kirchner durante la instalación internacional de su candidatura y mencionó "el alquiler de cinco aviones, uno de Air France, por tres millones de pesos".

"Hay ocho mil dólares en propinas. Es un escándalo", graficó quien actuó de fiscal en el histórico Juicio a las Juntas Militares, en 1985, que es uno de los co-denunciantes en este expediente junto a los ex jueces de la Cámara Federal, Ricardo Gil Lavedra y Andrés D'Alesio.

Allí denunciaron que la entonces candidata presidencial y Primera Dama realizó cuantiosos gastos en los viajes que la Presidencia de la Nación contrató con la empresa de turismo "Turicentro", de la ciudad de Rosario, para trasladarse a países de América y Europa.

Ante un pedido del juzgado, la Secretaría General de la Presidencia informó que esos viajes insumieron exactamente 7.853.090,64 pesos gastados durante un total de 24 días de viajes, de los cuáles no habría comprobantes sobre 4.683.392 pesos, según reveló el diario Crítica.

En este expediente se investiga si se habría cometido el delito de "malversación de caudales públicos", ya que, según Strassera, "utilizó traductores y personal afectado a tareas administrativas en Casa de Gobierno que no tenía porque utilizar".