El oficialismo busca frenar el intento opositor de revivir la ley jubilatoria vetada por el presidente Javier Milei, mientras que la UCR se muestra dividida ante la votación en Diputados. A pesar de haber impulsado la iniciativa, varios diputados radicales han cambiado su postura, generando fracturas internas y complicando los planes opositores. El bloque Pro, por su parte, cierra filas con el oficialismo, mientras bloques provinciales y legisladores clave aún definen sus posturas. La sesión del miércoles será crucial para el futuro de la ley y la estabilidad política.
El oficialismo se encuentra en plena preparación para enfrentar una sesión decisiva en la Cámara de Diputados este miércoles. Tras afianzar su alianza con el bloque Pro en la Casa Rosada, el objetivo es lograr frenar el intento de la oposición de revivir la ley que busca mejorar los haberes jubilatorios, la cual fue vetada completamente por el presidente Javier Milei. A pesar de los desafíos, el oficialismo espera contar no solo con su propio bloque sino también con el apoyo de algunos diputados radicales que se han distanciado de su partido, y con el respaldo implícito de varios bloques provinciales.
Por otro lado, la oposición enfrenta sus propios obstáculos. La UCR, que había sido uno de los principales impulsores de la ley, ahora se encuentra dividida. “La tenemos complicada, aunque no es imposible”, reconocen los diputados opositores que intentan reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto. Sin embargo, el bloque liderado por Rodrigo de Loredo se encuentra en una encrucijada: mientras algunos miembros radicales continúan apoyando la ley, otros, por diversos motivos, han decidido no acompañar la insistencia en su totalidad.
Este conflicto interno ha generado una notable fractura en la bancada radical. Diputados como Mariano Campero y Soledad Carrizo han manifestado públicamente su oposición a continuar con la ley en los términos sancionados. Carrizo, además, propuso una opción intermedia, sugiriendo que la insistencia se limite a ciertos artículos, como el que propone la recomposición del 8,1% de los haberes jubilatorios, una postura que también respalda De Loredo.
El proyecto original, que obtuvo 160 votos a favor en junio, incluía otros puntos que el Gobierno considera perjudiciales para el equilibrio fiscal, como un aumento adicional anual en marzo y la garantía de un haber mínimo para quienes reciben una sola prestación previsional. Estos elementos son los más resistidos por el Ejecutivo, que ha reiterado su rechazo al considerar que vulneran las metas fiscales. Sin embargo, la recomposición del 8,1% es vista como un aspecto más conciliador, incluso dentro de algunos sectores del oficialismo.
En este contexto, la incertidumbre también reina en otros sectores del Congreso. Los legisladores de Innovación Federal, quienes en su momento votaron a favor del proyecto, ahora se muestran indecisos. «Todavía no definimos una posición», admiten desde este bloque, que podría optar por ausentarse o abstenerse, lo que complicaría los planes de la oposición. Este mismo grupo podría inclinar la balanza hacia el oficialismo, lo que pondría fin a las esperanzas de revivir la ley jubilatoria.
Mientras tanto, el Pro, que en la sesión de junio contó con siete ausentes, esta vez promete un respaldo completo al veto presidencial. “Vamos a bancar el veto, pero sabemos que el costo político va a ser muy alto”, confesó un dirigente de Pro. Para algunos en el oficialismo, esta unidad en el bloque Pro y sus aliados es clave para asegurar el tercio necesario que bloquee cualquier avance opositor.
La situación se complica aún más con la reciente renuncia del diputado Pedro Galimberti, quien dejó su banca para asumir un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Su reemplazo, Nancy Ballejos, proviene del Pro y fortalecerá la bancada oficialista. Además, la influencia de los gobernadores radicales, como Gustavo Valdés y Alfredo Cornejo, también juega un papel importante, ya que algunos de sus diputados podrían alinearse con el Gobierno.
En definitiva, aunque la oposición parece decidida a insistir con la ley jubilatoria, las divisiones internas, tanto en la UCR como en otros sectores, dificultan sus posibilidades de éxito. Incluso algunos radicales, como Martín Lousteau, han expresado su preocupación ante las posturas contradictorias dentro de su partido. “Si no pasa eso ahora tienen que dar explicaciones de por qué cambian el voto”, dijo Lousteau, criticando a quienes prefieren alinearse con el oficialismo por conveniencia política.
La sesión del miércoles será clave para definir el futuro de la ley vetada y, posiblemente, también el de la oposición misma. El éxito o fracaso de esta ofensiva no solo impactará en los haberes jubilatorios, sino que también podría tener repercusiones políticas de largo alcance, incluyendo la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tome medidas para suavizar su relación con el Congreso.
