En el acto conmemorativo se leyó un documento en el que se recordó a la vicedirectora y al maestro auxiliar, las dos víctimas fatales que dejó la tragedia. A su vez, el texto elaborado sostuvo que «no fue un accidente», sino que se trató de «un asesinato laboral» porque pudo haberse evitado. La jornada terminó frente al Congreso de la nación con una marcha multitudinaria.
La comunidad educativa de la escuela 49 de Moreno, donde hace un año murieron tras una explosión la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar docente Rubén Rodríguez, reclamaron justicia junto a organizaciones sociales y sindicales con un acto en la escuela y una multitudinaria movilización al Consejo Escolar de esa localidad bonaerense.
La sirena sonó a las 8.06 en puerta de la escuela ubicada en Casimiro José Davaine y Félix de Azara, hora exacta en la que se produjo la explosión como consecuencia de una pérdida de gas que provocó la muerte inmediata de la vicedirectora y el auxiliar.
Tras la misa ecuménica celebrada en el edificio escolar, una columna se dirigió al primer punto de encuentro en el barrio Las Catonas, donde se sumaron varios manifestantes para marchar por la ruta 23 hacia la plaza Carlos Fuentealba para completar la multitudinaria movilización que llegó al mediodía a la puerta del Consejo Escolar.
«La muerte de Sandra y Rubén no fue un accidente, no fue una tragedia, fue un asesinato laboral porque pudo haberse evitado y fue el resultado de una política nacional y provincial de ajuste sobre la clase trabajadora», expresó el documento elaborado por una confluencia de sindicatos, organizaciones políticas, docentes y alumnos de Moreno.
Marcha de antorchas para decir #SandraYRuben ¡presentes! #VidalEsResponsable #JusticiaPorSandraYRuben pic.twitter.com/YvsPc7JD4E
— SUTEBA Provincia (@SUTEBAProvincia) August 2, 2019
En el texto, leído antes de dar paso al Festival Musical, se recordó la tarea de Sandra Calamaro en las orquestas infantiles y de Rubén Rodríguez como profesor de escuelas de enseñanza práctica, y la lucha y el compromiso de ambos con la educación pública.
También se hizo referencia a la respuesta de la comunidad local que inmediatamente después del hecho suspendió las clases y montó un campamento de casi 50 días exigiendo la creación de un Comité de Seguimiento de Infraestructura Escolar integrado por docentes, alumnos, padres, sindicatos y otros actores, que finalmente consiguieron.
«A un año de la muerte de Sandra y Rubén tenemos todavía 40 escuelas con distintos problemas vinculados al gas; además de que no hay calefacción, en muchos casos esto afecta a las cocinas de los comedores y los pibes terminan comiendo todos los días sandwiches», describió Pablo Fernández, secretario de Comunicaciones de la delegación Moreno del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).
En relación a la causa judicial, la fiscal María Gabriela Urrutia, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8, pidió en mayo la elevación a juicio ante el juzgado de Garantías 2.
En esa causa fueron procesados el gasista Cristian Ricobene, por «homicidio culposo agravado en concurso real con defraudación en perjuicio a la administración pública», quien no tenía la categoría correspondiente para trabajar en escuelas además de tener la matrícula vencida por falta de pago.
Por los delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público» fueron procesados también Sebastián Nasif (ex interventor del Consejo Escolar), Pablo Daniel Perazzo (secretario técnico del Consejo Escolar) y tres consejeros que estaban antes de la intervención: Mónica Berzoni (presidenta), Jorge Galian (de Infraestructura) y Jorge Almada (de Tesorería).
«El corte de las responsabilidades en el Consejo Escolar tiene que ver con la autarquía de ese organismo, que no tiene que rendir cuentas ni explicaciones a la Dirección de Escuelas», explicó una fuente cercana a la causa.
El sindicalista Fernández sostuvo que las organizaciones reclaman «seguir con la cadena de responsabilidades: El Consejo estaba intervenido, por lo tanto es responsabilidad de (Gabriel) Sanchez Zinny (director general de Cultura y Educación bonaerense), (Marcelo) Dimario (director provincial de Consejos Escolares de la Dirección General de Cultura y Educación) y en última instancia de (la gobernadora María Eugenia) Vidal».
A la conmemoración local del siniestro, se sumó desde las 18, una marcha de antorchas en la Ciudad de Buenos Aires frente al Congreso Nacional convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense.
