La presentación se realizó hace unos días a través de las redes sociales. “Nos organizamos con videollamadas y todas las herramientas virtuales que tenemos a nuestro alcance para que ningún inquilino o inquilina se quede sin acompañamiento. Trabajamos con abogados, articulamos con organizaciones similares de todo el país, y formamos parte de la Federación de Inquilinos Nacional”, expresó Mayra Llopis Montaña.

Se trata de una propuesta abierta y participativa, impulsada por inquilinos e inquilinas para defenderse frente al abuso de propietarios e inmobiliarias. La idea nace de la experiencia realizada en CABA por Inquilinos Agrupados, principales impulsores de la Ley de Alquileres a nivel nacional. Al respecto, Mariano Montenegro dijo: “No era nuestra intención organizarnos en este momento, pero empezamos a ver cómo las inmobiliarias de San Martín violan permanentemente el decreto presidencial, abusando de la situación de miles de inquilinos e inquilinas”.

Denise Fiquepron expresó: “Para poder quedarse en casa hay que tener techo, y creemos que el decreto presidencial fue un paso muy importante para resguardar a quienes alquilan, pero es necesario velar para que se cumpla. Por eso necesitamos que los distintos poderes nacionales y provinciales creen los organismos de mediación y que se busquen nuevas soluciones para el creciente endeudamiento que miles de inquilinos estamos teniendo”.

Sobre el cumplimiento del decreto en el municipio, Montenegro dijo que “en San Martín, por poner un ejemplo, la policía bonaerense desalojó a dos familias del Barrio Independencia la semana pasada. El propio Estado violando los decretos que el gobierno nacional implementó. Si esto hace el Estado, imaginate un propietario o una inmobiliaria”. Y Llopis Montaña agregó: “Las personas más afectadas son los hogares monomarentales, con madres que viven solas con sus hijos, o la población travesti trans que vive en hoteles o pensiones”

Sobre las consultas más comunes, Fiquepron expresó: “En pocos días recibimos muchísimas denuncias porque las inmobiliarias se niegan a dar un CBU para depositar el alquiler para así seguir evadiendo impuestos, también sobre intentos de desalojo, aumentos ilegales por fuera del contrato y muchos otros tipos de abusos por parte de propietarios e inmobiliarias”.

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