El diputado radical señaló que en “este nuevo informe del CELS aborda la problemática de los Derechos Humanos del presente en la Argentina en dos aspectos: `por un lado, la total ausencia de políticas públicas de seguridad, que concilien la obligación del estado de proteger los derechos de los habitantes y por el otro la preservación de los derechos en la persecución penal ”.

Gil Lavedra remarcó que “el informe desnuda con rigor la violencia institucionalizada del Estado, sobre todo en la provincia de Buenos Aires”.

Otro de los aspectos decisivos para el diputado radical es la pobreza y exclusión estructural, “es en este punto donde se marca nuestro absoluto fracaso en eliminar el hambre, la exclusión y la pobreza desde la recuperación de la democracia”.

Además se refirió al decreto del Poder Ejecutivo por el cual se fijó la llamada Asignación Universal por Hijo, “es para celebrar que se haya dictado, pero sostenemos que es conceptualmente equivocada y marcadamente insuficiente, ya que no alcanza a todos los niños. Hay fuertes limitaciones, se les exige a las familias con ingresos en negro requisitos muchos más rigurosos de los que se solicitan a los que tienen un ingreso en blanco. Además, el decreto utiliza un lenguaje donde esta asignación no es tratada como un derecho sino como una concesión que el Gobierno le hace a los ciudadanos”. Gil Lavedra consideró que el camino de esta asignación tiene que ser profundizado, extendido y su monto actualizado. Agregó que “es un tema que debemos tratar todos los bloques sin dilaciones. Debemos y podemos terminar con el hambre. Tenemos que establecer políticas públicas que protejan los derechos básicos de la sociedad para crear un país más justo, más solidario y sin excluidos, e invitó al oficialismo a que acepte discutir la ley.

Recordó que por derivación de los principios de igualdad la autonomía, existe una obligación constitucional para que el estado establezca acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Sostuvo que el gobierno debe neutralizar las desigualdades que no provengan de actos voluntarios de los individuos.” Nacer, vivir y morir en la pobreza no es un acto voluntario. El estado debe corregir las consecuencias de situaciones que dependen del azar, de la lotería de la vida ¿Cómo podemos tolerar que la gente se muera de hambre si el Estado dice que protege la vida?”, disparó el legislador y ex magistrado Gil Lavedra. Además, esto no depende de la existencia o no de financiamiento, hay que buscarlo, porque no se puede condenar a la gente a morirse de hambre.