Después del primer intento infructuoso de aprobar el proyecto de ley «Bases«, el partido en el gobierno vuelve a presentar una propuesta revisada que incluye una reducción en las facultades de emergencia solicitadas por el Poder Ejecutivo. En lugar de las once facultades originales, ahora buscan solo cuatro autorizaciones del Congreso.

El grupo central de alrededor de 119 diputados que se muestran reacios a otorgar estas facultades al Presidente, está a solo diez votos de bloquear las ambiciones del gobierno en el recinto. Se espera que algunos legisladores moderados y representantes de las fuerzas provinciales se unan a este rechazo.

«Un tuit y se le cae«, reflexionó un veterano diputado sobre el riesgo de que la delegación de facultades naufrague si Javier Milei reanuda su ofensiva contra el Congreso en las redes sociales. Esto resalta la tensión existente entre los legisladores, afectados por los ataques directos del Presidente y su Gabinete, lo que ha desgastado la relación.

Los 104 diputados de Unión por la Patria (UP) y la izquierda cuentan con el respaldo adicional de seis miembros de la Coalición Cívica, quienes han afirmado que no respaldarán la transferencia de poderes especiales a ningún gobierno. Tampoco lo harán los dos diputados socialistas ni las legisladoras Margarita Stolbizer (GEN) y Natalia de la Sota (PJ) de Hacemos Coalición Federal. Además, se suman cinco radicales disidentes vinculados a Facundo Manes, críticos de la gestión libertaria y poco inclinados a seguir las directrices de los gobernadores del partido, quienes buscan mantener un equilibrio con el gobierno nacional.

Un puñado de radicales afines al presidente del partido, Martín Lousteau, podrían unirse a estos legisladores, quienes están enfrentados en una guerra declarada contra Milei y su grupo. Esta misma postura podría ser adoptada por los dos diputados cercanos al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, quien está en conflicto con la Casa Rosada debido a los 1800 despidos en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cépernic, las cuales están paralizadas por falta de financiamiento. En el Senado, el grupo de Vidal no solo rechazó el DNU 70/2023, sino que también le negó al Presidente la autorización para ausentarse del país, lo cual es poco común en la práctica parlamentaria.

«Si nos siguen presionando, es posible que varios miembros de nuestro bloque se nieguen a votar a favor de la cesión de facultades al Gobierno», señaló un diputado de Hacemos, cuyo bloque cuenta con 22 integrantes. Durante el primer debate sobre la ley Bases, los diputados cordobeses Juan Brügge, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez, alineados con el gobernador Martín Llaryora, se opusieron a la cesión de poderes especiales. Con el «Pacto de Mayo» próximo, es probable que los gobernadores provinciales utilicen tácticas sutiles para evitar un enfrentamiento directo con el gobierno nacional.

La apertura al diálogo evidenciada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, fue recibida con optimismo por los bloques de Pro, UCR y Hacemos Coalición Federal. No obstante, en voz baja, muchos de ellos muestran escepticismo respecto a la verdadera disposición del Gobierno para llegar a un consenso en temas pendientes, como la reinstauración de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la mejora de los haberes jubilatorios.

La alteración de la fórmula de movilidad previsional mediante un decreto causó conmoción dentro de la UCR. Un grupo de seis legisladores radicales, cuya participación habría asegurado el quórum, optaron por ausentarse de la sesión convocada por el bloque de Miguel Ángel Pichetto, confiando en el compromiso del oficialismo de abordar el debate sobre los haberes jubilatorios en comisiones. Su intención, compartida con el gobierno libertario, era obtener un dictamen que pudiera ser debatido en el recinto a principios de abril.

Sin embargo, la negativa de José Luis Espert a convocar a un plenario de comisiones conjuntamente con Previsión y Seguridad Social, presidida por la legisladora radical Gabriela Brouwer de Koning, representó un primer revés para los correligionarios, dejándolos en una posición delicada. La situación empeoró con el anuncio de la promulgación de un decreto para establecer una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones, poniendo de manifiesto la manipulación a la que fueron sometidos para frustrar los intentos de una facción de la oposición de influir en la agenda del Gobierno.

«Esta situación evidencia que no podemos confiar en la palabra del oficialismo. Las decisiones las toma Milei, es solo él», declaró el diputado bonaerense Pablo Juliano (UCR), quien colaboró con el quórum para debatir la reforma previsional. Además, destacó que al Poder Ejecutivo «le faltan argumentos» para solicitar la delegación de facultades en esta nueva etapa.

La firmeza del gobierno libertario en reinstaurar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias podría intensificar la oposición. Solo algunos gobernadores estarían dispuestos a equilibrar sus déficits fiscales con este impuesto compartido. Otros evitan el costo político de hacer que un millón y medio de trabajadores vuelvan a tributar este impuesto en medio de una recesión y una disminución de ingresos.

Los principales opositores son los gobernadores de Río Negro, Chubut, Neuquén, La Pampa y Santa Cruz, quienes instaron a sus legisladores en el Senado a rechazar el megadecreto de Milei. Llaryora también advirtió que el piso mínimo no imponible propuesto por el Gobierno es demasiado bajo y propuso cambiarlo por un «impuesto a las grandes fortunas».