El Gobierno resolvió ampliar partidas para bomberos voluntarios y aceleró la definición de un decreto para declarar la Emergencia Ígnea, en medio de la presión de gobernadores patagónicos y del impacto político que generó la crisis ambiental.
La persistencia de los incendios en la Patagonia forzó al Gobierno nacional a mover fichas en dos frentes. Por un lado, activó refuerzos presupuestarios para el sistema de bomberos voluntarios. Por otro, dejó encaminada la decisión de declarar la Emergencia Ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia. La urgencia operativa y el clima político empujaron a la Casa Rosada a evitar el trámite parlamentario.
La definición política tomó forma en reuniones reservadas del Ejecutivo, en la antesala de las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, fuentes oficiales confirmaron que el camino elegido fue el DNU, con el objetivo de acelerar el envío de recursos a las provincias afectadas. Desde el entorno presidencial argumentaron que el mecanismo legislativo resultaba incompatible con la velocidad que exigía la situación. “La velocidad amerita esa vía”, sostuvo una fuente con acceso a la mesa chica. Otro funcionario agregó: “No resultaría eficiente mandarlo por el Congreso si es una emergencia. Precisás dos sesiones y la urgencia ahora. El decreto es la opción más viable, pero es un tema que lo va a terminar de precisar el Colo”.
En paralelo a esa definición, el Ministerio de Seguridad Nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026. La norma dispuso una fuerte ampliación del financiamiento para los Bomberos Voluntarios en todo el país, con foco en la respuesta ante desastres de gran magnitud. El esquema contempló transferencias a asociaciones de primer, segundo y tercer grado, además de partidas específicas para capacitación y control.
Según la resolución, las asociaciones de primer grado recibieron en conjunto $100.810.319.998,50, distribuidos entre 1.062 entidades. Cada una accedió a una asignación cercana a los 95 millones de pesos, destinada a equipamiento, indumentaria, materiales y mantenimiento operativo. Las federaciones provinciales, como entidades de segundo grado, percibieron $7.754.639.995,93 para gastos de funcionamiento y representación. El mismo monto quedó asignado a programas de capacitación para bomberos y cuadros directivos, en línea con la Ley Nacional 25.054.
El texto oficial justificó la medida por “los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente” y remarcó la necesidad de fortalecer a las entidades “con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”.
La Agencia Federal de Emergencias también recibió fondos específicos. A través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, contó con más de $2.584 millones para tareas de fiscalización, centros regionales de control, movilidad, formación de instructores y subsidios extraordinarios ante emergencias. A su vez, el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios obtuvo dos partidas adicionales para funcionamiento institucional y para el desarrollo de la Academia Nacional de Capacitación.
El refuerzo financiero coincidió en el tiempo con el reclamo formal de los gobernadores patagónicos, quienes solicitaron al Congreso la declaración de la Emergencia Ígnea. El pedido llevó las firmas de Ignacio Torres, Sergio Ziliotto, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa y Claudio Vidal. En el Ejecutivo admitieron que la presión provincial no originó la decisión, aunque sí influyó en el contexto político. “Estamos tratando de contrarrestar un poco las críticas sobre los incendios. Las balas en esos temas entraron”, reconocieron fuentes oficiales.
La Casa Rosada también buscó preservar vínculos clave con esos mandatarios, considerados aliados estratégicos para la agenda legislativa en extraordinarias. En ese marco, el envío de ayuda financiera funcionó como un gesto de distensión. Chubut, una de las provincias más afectadas, recibió una transferencia de $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional.
Mientras el Gobierno terminaba de definir el alcance del DNU y las partidas involucradas, las provincias aguardaron la formalización de la Emergencia Ígnea. El Ejecutivo apostó a cerrar la discusión por decreto y concentrar la respuesta en el terreno, con recursos inmediatos y sin pasar por el Congreso.
