Tras esos 90 días el Gobierno prevé informar las “nuevas normas de regulación del fomento audiovisual con el objeto de adecuarse a las necesidades del mundo actual en pos de una dinámica y agilidad acorde a los nuevos tiempos”.

Asimismo dispuso la devolución de todos aquellos proyectos que ya hayan sido presentados y que no cuenten todavía con resolución del Incaa «que los declare de interés, tanto audiencia media y masiva, como la que les otorgue un subsidio por vía digital documental».

Estos proyectos podrán ser presentados nuevamente una vez culmine el periodo de suspensión tras lo cual deberán adecuarse a la nueva normativa.

El Incaa depende de la Secretaría de Cultura, que conduce Leonardo Cifelli, que a su vez está bajo el ala del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello. Hasta hacía un mes, poseía 645 empleados, de los cuales 500 eran de planta permanente. Sus actividades se financian, en gran parte, a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, que incluye impuestos a la cultura: uno es el 10% sobre el precio de las entradas de espectáculos cinematográficos en todo el país, otro es el 10% sobre el precio de venta o locación de videogramas grabados y además, recibe un porcentaje de la facturación bruta por publicidad en los servicios de comunicación audiovisual y porcentajes de las películas que se reproducen en el sitio Cine.ar.