La trama del Adornigate sigue sumando capítulos y también personajes: esta vez le tocó a Francisco Adorni, el hermano menor del jefe de gabinete, cuyo patrimonio también se convirtió en motivo de investigación para la justicia.

Franciso incorporó en su declaración jurada este año una camioneta marca Jeep que adquirió en noviembre de 2025 y blanqueó la cancelación de $60 millones de un crédito hipotecario con el Banco Provincia.

A priori, ambos movimientos parecen estar fuera del alcance de sus ingresos como diputado provincial (cargo al que accedió en las elecciones de septiembre pasado) o como funcionario (había sido desginado al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares, el IAF).

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuán decidió abrir una investigación e imputó a Francisco Adorni. Fue a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expédiente recayó en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien delegó la investigación en Marijuán.

Según la denuncia de Pagano, Francisco duplicó su patrimonio neto delcarado entre 2024 y 2025 (pasó de $43,7 millones a $80,5 millones), sugiendo la huella de su hermano. Su hipótesis es que se habría enriquecido por “interpósita persona”: plantea que Francisco podría estar actuando como un “testaferro” de Manuel Adorni para canalizar activos de origen incierto, dada la simultaneidad de estos movimientos con otra causa por enriquecimiento ilícito que ya enfrenta el Jefe de Gabinete.

Pagano, además, puso la lupa sobre el rol de Francisco al frente del IAF, cargo al que llegó de la mano del entonces ministro de Defensa Luis Petri. La diputada, enemiga íntima de LLA, pidió investigar la responsabilidad del hermano del jefe de gabinete en el seguimiento y control de un préstamo extraordinario de aproximadamente $40.000 millones otorgado por el IAF a IOSFA (la obra social de las fuerzas armadas), en un contexto de crisis financiera que terminó con la quiebra y disolución de la entidad.

La denuncia sostiene que Adorni habría omitido controles legales y consentido una aplicación irregular de los fondos, permitiendo que recursos previsionales militares financiaran el déficit corriente de un organismo que estaba al borde la quiebra.