Comunicado del Partido Obrero:

Los siete detenidos por el crimen de Barracas han sido procesados, por considerarlos, prima facie, co-autores de los delitos de homicidio calificado contra Mariano Ferreyra, en grado de tentativa contra Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pinto, y por coacción agravada contra la periodista y los dos camarógrafos de C5N.

La calificación legal elegida por la Dr. Susana Wilma López se efectuó en los mismos términos que fuera planteado en las querellas presentadas por el Partido Obrero, la familia de Elsa Rodríguez y la de Nelson Aguirre.

UN PLAN CRIMINAL

El fallo plantea la participación de los imputados como co-autores funcionales de los delitos y define “la co-autoría funcional como la posibilidad de emprender, proseguir o detener el curso causal del delito...Una decisión común, es decir un plan acordado entre todos, que es lo que permite relacionar los aportes del hecho que realiza cada uno y es lo que justifica que se impute a cada co-autor la parte de la acción ejecutada por los otros; mediante la división del trabajo por la cual cada co-autor realiza una contribución efectiva al hecho común, aportes que pueden ser simultáneos o sucesivos en co-dominio funcional del hecho, al reservar cada uno de los co-autores el dominus del acontecer, decidiendo autónomamente sobre la porción que ha tomado a su cargo”

En esa división de trabajo, le atribuye a Pablo Díaz su co-autoria “por el rol que cumple en el cuadro jerárquico de la organización sindical cuyos miembros conformaron el grupo que atacó a los empleados ‘tercerizados’ y a los miembros del ‘Partido Obrero’, se desprende un papel preponderante en la conformación y organización del grupo de personas que perpetró el ataque con el empleo de armas de fuego”.

Deja la puerta que conduce a “Gallego” Fernández y José Pedraza, al afirmar: “Ello, sin perjuicio que como ya dijera anteriormente, pueda determinarse la responsabilidad de otras personas, algunas aún no identificadas y otras que estando identificadas aún no han sido indagadas”.

Para llegar a estas conclusiones, no fueron menores los más de 35 testigos (incluso algunos ajenos a la organización), además de los videos y fotos aportadas por el Partido Obrero al expediente.

La declaración de Leonardo Franzin, compañero de Causa Ferroviaria, es valorada en más de diez párrafos de la resolución.

NI LA UGOFE NI LA POLICÍA

La resolución judicial diluye la participación de UGOFE -a pesar de la contundente prueba obrante en el expediente), de la Subsecretaria de Transporte Ferroviario y de la Policía.

Respecto de ésta, la resolución notifica la formación de un expediente por separado para investigar la posible responsabilidad del personal policial interviniente en la prevención de los hechos.

Pero en las apreciaciones vertidas en el fallo, no se vincula la acción policial con una intencionalidad para permitir que sucedan los acontecimientos, sino a una simple incapacidad o incompetencia del personal policial.

El homicidio calificado le cabe a los siete. Pero la imputación a los responsables políticos e intelectuales continúa pendiente.