La ex ministra de Economía del Gobierno de Néstor Kirchner entre 2005 y 2007, Felisa Miceli, fue despedida de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, donde se desempeñaba en el Centro de Estudios y Monitoreo de Políticas Públicas (Cemop), una organización de estudios superiores del grupo, creada por ella.

Además de la ex funcionaria kirchnerista, dejaron de pertenecer a la entidad otros economistas que conformaban el centro de estudios, por decisión de la presidenta de la institución, Hebe de Bonafini.

Circuló un comunicado hacia adentro de la institución en el que se informaba de la desvinculación, aunque no se especificaron las razones que derivaron en la decisión: "Informamos que el Centro de Estudios y Monitoreo de las Políticas Públicas (CEMoP), creado por la economista Felisa Miceli, a partir del mes de septiembre del corriente año ha dejado de pertenecer a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, así como a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Agradecemos tomar nota de esta nueva situación para evitar confusiones a futuro", señala el texto firmado por la rectora de la entidad educativa, Inés Vázquez.

Según las primeras versiones, fuentes de la Universidad denunciaron faltantes de materiales en las oficinas que ocupaban los empleados del (Cemop).

Felisa Miceli fue nombrada ministra de Economía por el entonces presidente Néstor Kirchner el 28 de noviembre de 2005 en reemplazo de Roberto Lavagna, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia argentina en estar a cargo de esa cartera.

El 16 de julio de 2007 presentó su renuncia, luego de que estallara el caso por los 100 mil pesos agrupados en un bloque termosellado bajo la inscripción Lote 38057 Bco 30- y los 31.670 dólares que fueron encontrados el 5 de junio de 2007 dentro de una bolsa de papel madera que estaba colgada de una percha, en el placard del baño de la entonces ministra.

La Justicia consideró penalmente responsable a Felisa Miceli por el dinero hallado mientras era ministra de Economía, por lo que fue condenada a 4 años de prisión e inhabilitada por 8 años para ejercer cargos públicos. Se convirtió así en la primera funcionaria kirchnerista condenada por un caso de corrupción.