El principal objetivo del Gobierno hasta el 30 de noviembre, cuando finalizará el período ordinario del Congreso, es asegurar la supervivencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 846. Este DNU le otorga al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar deuda sin requerir la aprobación del Congreso, una medida que el oficialismo busca proteger a toda costa. Con esa meta en mente, el bloque libertario quiere cerrar cuanto antes las sesiones legislativas, incluso si eso implica dejar pendiente la aprobación del presupuesto para el año 2025.

“Que el 30 se termine todo”, aseguran sobre el trabajo parlamentario, el cual se retomaría recién el 1° de marzo, cuando el Presidente abriría oficialmente un nuevo ciclo legislativo.

El Gobierno espera que el presupuesto 2025 sea aprobado en noviembre mediante un proceso rápido. “Los tiempos dan”, insisten, aludiendo a que no quieren prolongar la discusión durante tres meses, como ocurrió con la Ley de Bases. Para cumplir este calendario, el plan del oficialismo es que la semana próxima Diputados apruebe el proyecto en el recinto, para que luego el Senado lo convierta en ley en los últimos días de noviembre.

La semana pasada, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó en declaraciones radiales que “no está previsto que se convoque a extraordinarias”. Además, restó importancia a la necesidad de contar con un presupuesto nuevo: “Creemos que sería un buen signo institucional que el Congreso apruebe el presupuesto enviado por el Ejecutivo. Pero, si no lo hace, seguiremos con la prórroga actual”. Actualmente, el Gobierno continúa operando bajo el presupuesto de 2023.

Estas declaraciones están en sintonía con otros referentes del oficialismo en la Cámara de Diputados y en la Casa Rosada, quienes aseguran que la prórroga del período ordinario está “descartada” y que “no está planeado” convocar a sesiones extraordinarias. La diferencia clave entre ambos mecanismos es que en el caso de una convocatoria a extraordinarias, el Poder Ejecutivo establece la agenda de temas a tratar. En cambio, si el período ordinario se extendiera, el oficialismo correría el riesgo de que la oposición impulse una agenda desfavorable para sus intereses.

La prisa que el oficialismo manifiesta por aprobar el presupuesto contrasta con la inacción que mostró en las últimas semanas. A pesar de los constantes pedidos de la oposición para avanzar con el debate, la Comisión de Presupuesto, presidida por el libertario José Luis Espert, permaneció inactiva. Los distintos bloques en el Congreso coinciden en la importancia de fijar un marco de acción para el Ejecutivo, evitando así darle “un cheque en blanco” en términos presupuestarios.

Esta urgencia del oficialismo parece más una puesta en escena, según buena parte de la oposición, que sospecha que Milei prefiere concluir el año sin una ley de presupuesto. Así, argumentan, el gobierno podría alegar que el Congreso intenta modificar el proyecto y, de esa forma, manejar las partidas presupuestarias sin restricciones.

En realidad, la razón detrás de la negativa de los libertarios a extender las sesiones en el Congreso es evitar que se rechace el DNU 846. Este decreto es crucial para que el Poder Ejecutivo asegure liquidez, especialmente con vistas a los compromisos de deuda de 2025. La preservación de este DNU es fundamental para el gobierno, ya que, si el Congreso lo deroga, el canje de deuda que ya inició el ministro de Economía, Luis Caputo, para el próximo año se vería seriamente comprometido.

El oficialismo, además, intenta frenar la reforma que limitaría el uso de los DNU presidenciales, y aún cuenta con el recurso del veto, herramienta que Milei ha utilizado favorablemente hasta el momento. “Es más importante frenar estas dos cosas que aprobar el presupuesto”, aseguró un referente legislativo del oficialismo, subrayando la prioridad de proteger la vigencia del DNU 846.

La oposición en Diputados, por su parte, ha solicitado una sesión especial para el próximo martes, donde se debatirán tanto el DNU como la limitación de su uso. En respuesta, el oficialismo lanzó una advertencia a los gobernadores, indicando que si sus legisladores apoyan la derogación del decreto o la restricción de los DNU, se les negarán las modificaciones al presupuesto 2025 que solicitaron.

La inquietud se percibe en las filas libertarias. Saben que Unión por la Patria, Encuentro Federal y el sector radical de Democracia cuentan ya con los votos necesarios para frustrar los planes del Gobierno antes de que concluya el año.

En el Senado, José Mayans, uno de los líderes de los bloques kirchneristas, ya está organizando acciones para replicar los movimientos de los diputados en las próximas semanas.

Es improbable, sin embargo, que la propuesta de limitar el uso de los DNU logre transformarse en ley este año. La oposición, para lograrlo, tendría que primero obtener un dictamen favorable y luego llevar el tema al recinto. Alternativamente, podría convocar una sesión especial para un debate exprés, lo cual requeriría dos tercios de los votos. De no prosperar este mes, la iniciativa podría permanecer en la Cámara alta durante dos años antes de perder estado parlamentario.

Por otro lado, el rechazo definitivo al DNU 846 parece mucho más cercano. Si Diputados decide esta semana no dar su aval, el Senado estaría en posición de debatir el tema en el recinto, donde las perspectivas para el Gobierno son considerablemente desfavorables.