En los últimos días, los represores de la última dictadura cívico-militar han recurrido a una nueva estrategia para conseguir la prisión domiciliaria. A través de un habeas corpus presentado por organizaciones defensoras de los represores, buscan liberar a más de 80 genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad. A pesar de que un juzgado de primera instancia rechazó la solicitud, la Cámara Nacional de Apelaciones ordenó que se pidan nuevos informes y se celebre una audiencia con la presencia de diferentes actores judiciales y de seguridad.

Entre los defensores de estos represores se encuentran figuras como Cecilia Pando, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina, conocida por su apoyo a los genocidas. Este grupo argumenta que la avanzada edad de los involucrados y las condiciones de salud de los represores son razones suficientes para pedir su traslado a prisión domiciliaria, citando la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Ley de Ejecución Penal.

El habeas corpus menciona que el sistema penitenciario federal está colapsado y en emergencia, y que las condiciones de detención no cumplen con los derechos de los detenidos mayores. Sin embargo, la respuesta del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Seguridad, desmintió tales afirmaciones, indicando que los represores gozan de diversos privilegios, como caminatas guiadas, clases de tenis, flexibilidad y piano, lo que refuerza la idea de que sus condiciones no son tan precarias como afirman sus defensores.

Entre los represores mencionados en la solicitud figuran figuras como Jorge «Tigre» Acosta, quien fue responsable de los centros de tortura en la ESMA, y Juan Daniel Amelong, condenado por crímenes de lesa humanidad en Rosario. Ambos, junto a otros genocidas, insisten en que la edad y problemas de salud les dan derecho a cumplir sus condenas fuera de la cárcel.

En respuesta a este pedido, dos sobrevivientes de la dictadura, Rufino Jorge Almeida y Graciela Beatriz Daleo, presentaron su oposición ante la justicia. Ambos sobrevivientes desmintieron los argumentos de las organizaciones pro-represores, señalando que la solicitud no se hace en favor de todos los presos mayores de 65 años, sino exclusivamente de aquellos condenados por crímenes de lesa humanidad. Además, señalaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ya había realizado un informe en 2022 que aseguraba que las condiciones de detención de estos imputados eran adecuadas para tratar sus problemas de salud. De hecho, más de 500 de los 630 detenidos por crímenes de lesa humanidad ya gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.

El debate sobre la prisión domiciliaria para represores de la dictadura vuelve a poner en tensión el sistema judicial y los derechos humanos en Argentina. Mientras las organizaciones de derechos humanos defienden la justicia para las víctimas y rechazan cualquier intento de favorecer a los genocidas, los grupos pro-represores continúan luchando por la liberación de aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad.

Esta nueva estrategia judicial pone de manifiesto la persistente lucha por la impunidad y los derechos de las víctimas, mientras que para muchos argentinos, la memoria y la justicia siguen siendo pilares fundamentales para que los crímenes de la dictadura no queden impunes.