Ya habían adelantado que no acompañarían el proyecto del Poder Ejecutivo para reabrir el canje de deuda y pagar a los bonistas con títulos argentinos en Buenos Aires, y ayer lo ratificaron con un argumento extra: la sanción de la ley incluiría protección para Amado Boudou sobre las maniobras con presunto tráfico de influencias en el canje de 2010. Claudio Lozano (diputa do de Unidad Popular) aseguró que entre los titulares de bonos “pueden aparecer grupos empresarios cercanos al Gobierno”. Su colega massista Graciela Camaño comparó esta iniciativa con la estatización de la ex Ciccone Calcográfica. Otro diputado, Fernando Sánchez (Coalición Cívica), lanzó la sospecha de que en el 7% que no adhirió y no inició juicios “hay muchos kirchneristas”. Y el senador radical Gerardo Morales cuestionó que el texto “intenta legitimar toda la gestión” de los canjes.

La mayoría de los espacios no oficialistas se pronunciaron por el voto en contra o la abstención, por lo que el oficialismo se encamina a avanzar únicamente con sus aliados y contados opositores sueltos (ver aparte). Pero a los motivos políticos y económicos se sumó la sospecha de un nuevo intento de encubrimiento.

Morales, jefe del bloque de senadores radicales, afirmó ayer a radio Mitre que “en el artículo primero del proyecto lo que intentan es legitimar toda la gestión del canje de 2005 y 2010. No estamos dispuestos a acompañar esta salida que busca el Gobierno y creemos que va a fracasar”.

Lozano, que viene denunciando presunto tráfico de influencia a través de la consultora Arcadia, fundó su presunción en la “demora injustificada de convocar a la asamblea” de acreedores. “El proyecto es innecesario. El Gobierno puede avanzar sin necesidad de un ley. Debe convocar a una asamblea de bonistas, el paso que establecen los contratos”, dijo a Clarín, e insistió con que “desde el comienzo estuvo sospechado de tráfico de influencia” el canje de 2010: “Cuando Boudou era ministro de Economía, a través del hermano de Diego Bossio (Pablo), que trabajaba en Arcadia, manejó el canje dos años antes, desde 2008, cuando nadie sabía que iba a ocurrir”. Y agregó: “Pueden aparecer grupos empresarios cercanos al Gobierno y que una parte de los acreedores están acá adentro y no afuera”.

Camaño se sumó a las sospechas. “No se puede aprobar una ley que empieza con un bill de indemnidad a todos los contratos que ellos mismos firmaron, es un cheque en blanco a una auditoría que nunca se hizo”, aseguró a este diario, y fue más allá: “Es muy grave, como con Ciccone.

El diputado que apruebe esto puede quedar comprometido. Con la información que ellos tenían, compraron bonos que estaban por el suelo y se llenaron de plata”. Sánchez, ladero de Elisa Carrió, apuntó a los que no entraron al canje ni hicieron juicio. “Sospechamos que hay muchos kirchneristas que compraron bonos en negro a través de sociedades en el exterior. ¿Por qué no aparecen?”, se preguntó, e incluyó al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich: “Le encantan las operaciones de bonos, siempre lo hizo”.

FUENTE: Diario Clarín