El Gobierno nacional anunció que dejará de destinar los fondos previstos para la ley de Emergencia Social y las organizaciones sociales y piqueteras ya preparan medidas de fuerza.

"Fue la peor reunión que hemos tenido en todo el mandato de este gobierno. Fue una reunión muy mala", dijo a ámbito.com Daniel Menéndez, coordinador general de Barrios de Pie. "Se juntaron un vicejefe de Gabinete, y dos ministros para decir que no van a cumplir con la ley, que no van a ejecutar lo presupuestado en la Emergencia Social para el salario social complementario", señaló el dirigente.

Menéndez, Juan Grabois, de la CTEP y Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) se reunieron brevemente este viernes por la mañana con Mario Quintana, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el titular de la cartera de Trabajo, Jorge Triaca.

La reunión estaba prevista originalmente para el jueves pasado, pero tras la movilización de la CGT a Plaza de Mayo, Quintana avisó que no iba a poder concurrir a la cita, lo que obligó a reprogramar el encuentro. Fuentes oficiales argumentaron que se postergó por un "problema de agenda" de los ministros. Menéndez dijo que el secretario de coordinación interministerial se fue una semana de vacaciones.

"Nos alegra que los funcionarios hayan podido descansar así podemos finalmente reunirnos para discutir temas importantes en nuestro país: las tristes cifras de la pobreza y la indigencia", ironizó el líder Barrios de Pie antes del cónclave.

Menéndez advirtió que el Gobierno lleva ejecutados apenas el 30% del presupuesto estipulado por la ley de Emergencia Social sancionada a fines del año pasado y denunció que los funcionarios se proponen desde ahora "realizar un ajuste sobre los fondos para los más pobres del país, con la situación social que es por todos conocida".

"Se destinó solo el 30% y nos plantean otras políticas como los créditos Argenta y otros esquemas de inversión social que hacen, pero lo dicen para justificar que no van a implementar la ley", se quejó en la charla con este medio.

La normativa acordada con estos sectores estipulaba un desembolso de entre $ 25.000 y $ 30.000 millones hasta diciembre de 2019, que se repartió hasta hoy en concepto de salario complementario social y fondos para comederos y merenderos, entre otros beneficios, para los trabajadores del sector informal. En Diputados la ley obtuvo 227 votos a favor y solo 1 en contra, mientras que en el Senado 47 legisladores la aprobaron.

"Prácticamente nos dijeron que sigamos movilizando, que la emergencia social no va a estar; fue la reunión más vergonzosa a la que asistí", dijo Grabois a Radio 10.

En la reunión BdP, la CTEP y la CCC tenían previsto discutir además una nueva ley de emergencia alimentaria, pero esa iniciativa ni se comentó. "No llegamos a discutir la emergencia alimentaria porque cuando nos plantearon esto, nos levantamos y nos fuimos", reveló Menéndez.