El gobierno de Javier Milei anunció la desregulación de las tarifas del transporte público y la eliminación del «Fondo Compensador del Interior». De esta manera, se elimina la asistencia del Estado Nacional a las empresas del interior de la Argentina.

Así lo anunció el ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, a través de un comunicado. Éste está encargado de subsidiar al transporte de pasajeros por automotor urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional para «garantizar el acceso de la población a los servicios», según especifica la Resolución N°82/2022, de febrero del 2022.

Esta disposición toma lugar en un momento de tensión entre el Ejecutivo y los gobernadores, a raíz de la caída del proyecto de Ley Ómnibus. De hecho, el propio presidente estuvo, durante los últimos días retuiteando, en su cuenta de X (ex Twitter), distintos posteos en donde se anticipaba un ajuste mayor a las provincias tras la derrota del oficialismo en el Congreso.

Esto último se complementó con el comunicado reciente de la Oficina del Presidente, que cargó de manera directa contra los gobernadores, quienes, acusó, «tomaron la decisión de destruir la ‘Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos’ artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla». En esa línea, indicó que los ejecutivos provinciales «decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina».

«Esto lo veíamos venir. Es un cambio sustancial porque entre el 20% y 25% de los ingresos son subsidios nacionales. Nos termina de desequilibrar por completo», sostuvo Saúl Isaacson, referente de la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal (CETRAM), en diálogo con Cadena 3 Rosario.

«Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones», expresa el comunicado de Economía.

Reducción de subsidios al AMBA

En el documento, también se anunció la reducción de subsidios destinados a las empresas de transporte del AMBA. «El Gobierno Nacional, cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión, ha decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE», expresó el escrito.

Una de las medidas que destacan, en este sentido, es el fin del «congelamiento de tarifas que había heredado de la gestión anterior», con la presidencia de Alberto Fernández, en colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), algo que tuvo efecto en las últimas horas, con los aumentos del 250%, que llevaron a la tarifa mínima a $270 y $130, respectivamente.

Se desregula la tarifa pero se mantiene la tarifa social

Sin embargo, y en la antesala de los posibles nuevos aumentos en el corto plazo a raíz de la desregulación y la disminución de subsidios por parte del Gobierno, se aclaró que «las personas que utilizan el servicio y que necesiten del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE».

«Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público», agregó el texto, remarcando que «la decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan».

De esta manera, y de cara al porvenir, solo mantendrían la asistencia social aquellas personas que estén englobadas en el beneficio, que rige para jubilados y pensionados, estudiantes del programa Progresar, personal de trabajo doméstico, veteranos de la Guerra de Malvinas y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, entre otros.