Con un cambio de estrategia frente a las dificultades parlamentarias, el Gobierno resolvió postergar el envío de una reforma tributaria integral al Congreso y concentrar sus esfuerzos en los cambios impositivos incluidos dentro del proyecto de “modernización laboral”. El repliegue expone una lectura más cauta del escenario político: el oficialismo prioriza ahora aquello que considera viable aprobar en el corto plazo, ante una resistencia firme de las provincias a resignar recursos clave.

De acuerdo con fuentes oficiales, el esquema original fue descartado y reemplazado por una hoja de ruta gradual, con modificaciones tributarias parciales y escalonadas, sin un paquete general que reformule todo el sistema. El freno principal proviene de los gobernadores, que rechazan recortes en impuestos coparticipables que impacten de lleno en sus arcas.

“Primero va esta reforma. Después veremos cómo queda el déficit y, recién entonces, evaluaremos si hay margen para algo más integral”, sostuvo un dirigente parlamentario cercano al Ejecutivo. En el oficialismo admiten que el ideal sería avanzar luego con anexos que contemplen tributos provinciales y tasas municipales, aunque reconocen que ese escenario hoy aparece lejano.

La decisión terminó de consolidarse tras la eliminación del capítulo XI del Presupuesto 2026 durante su debate en Diputados. Allí, el Ejecutivo había incorporado la derogación de dos normas que considera especialmente gravosas: las que garantizan el financiamiento de los servicios de discapacidad y de las universidades nacionales. “Eso obligó a frenar la baja de cargas patronales”, admitieron desde la presidencia de la Cámara baja.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado el giro en diciembre, durante una charla con inversores. “Esta primera parte de la reforma tributaria va más a personas jurídicas. Focalizamos en lo laboral”, respondió entonces ante una consulta puntual. Desde el Palacio de Hacienda evitaron ampliar definiciones cuando este medio volvió a preguntar.

Así, el impulso posterior a las últimas elecciones —con el que la Casa Rosada buscaba sancionar un combo de reformas tributaria, penal y laboral— quedó en pausa. Sin un proyecto impositivo integral en agenda y sin que haya ingresado formalmente la anunciada reforma penal, pese a estar incluida en el decreto de extraordinarias, la iniciativa de modernización laboral quedó como la única en pie. Allí se concentran ahora todos los esfuerzos oficiales.

El texto contempla un capítulo de ajustes tributarios de alcance limitado, pensado como parte de un proceso más amplio a futuro. “Es, en sí misma, la reforma tributaria más importante que se haya hecho”, defendió un senador libertario, que rechaza hablar de postergaciones y prefiere referirse a un enfoque de “gradualismo”. “No se puede hacer todo al mismo tiempo”, justificó.

Aunque el proyecto ya cuenta con dictamen de comisión, todavía debe superar el debate en el recinto del Senado y luego iniciar su recorrido en Diputados. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, planea utilizar la segunda quincena de enero para aceitar negociaciones y llegar con los apoyos necesarios. La prioridad es evitar que se desarme uno de los puntos más sensibles: el tramo de ajustes tributarios promovido por Economía.

El diálogo con los gobernadores vuelve a ser el principal escollo. La reforma laboral propone una reducción de tributos coparticipables, especialmente cambios en el impuesto a las Ganancias, una de las principales fuentes de financiamiento provincial. Entre otras medidas, el texto plantea una baja de alícuotas para sociedades en los tramos más altos y la exención del tributo para alquileres destinados a vivienda.

El malestar en las provincias se arrastra desde hace tiempo. En los últimos dos años, Javier Milei utilizó la política de transferencias como herramienta de negociación: reforzó los giros discrecionales a aliados y restringió fondos a los mandatarios más distantes del Ejecutivo. Con la obra pública nacional paralizada y un calendario electoral cada vez más cercano, la resistencia se intensificó.

Entre los gobernadores hay una convicción compartida: el oficialismo buscará disputarles poder territorial en 2027. Catorce de los 24 mandatarios están habilitados para reelegir y planean hacerlo, por lo que ninguno está dispuesto a resignar recursos en el tramo final de su gestión.

Podrán ir por un nuevo mandato Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Claudio Poggi (San Luis), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

En paralelo, Diego Santilli mantiene una agenda activa durante el receso estival. La semana pasada recorrió junto a Torres las zonas afectadas por los incendios en Chubut. Además, el ministro del Interior prevé visitar a otros nueve gobernadores antes de que termine enero, con la reforma laboral como eje central de las conversaciones.

Mientras tanto, el Ejecutivo celebró en diciembre la aprobación de la ley de “inocencia fiscal”, orientada a promover la formalización de ahorros en dólares y reforzar las reservas. Quedó en el camino, en cambio, el proyecto de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que buscaba prohibir el déficit y sancionar a los funcionarios que autoricen gastos sin respaldo.

También permanece en carpeta la reforma de la Ley de Glaciares, una señal hacia las provincias cordilleranas y, en especial, hacia las que integran la Mesa del Cobre. La iniciativa propone reducir áreas protegidas para habilitar inversiones mineras de gran escala. Aunque Milei la incluyó entre los temas a tratar, el debate quedó en suspenso. Para varios gobernadores, avanzar en ese punto será una condición clave para aceptar nuevos ajustes que afecten sus recursos.