El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), Manuel Garrido, criticó duramente la decisión de la Procuración General de la Nación de limitar las investigaciones de corrupción, que en muchos casos involucran a funcionarios nacionales, y pidió que sea el Congreso el que regule las facultades del organismo a su cargo.

"Evidentemente hay problemas, hay impunidad, no hay sentencias y la cuestión sobre las facultades de la fiscalía pasa a sumarse a la serie de problemas que evidencian que la Argentina no está cumpliendo con las obligaciones que tiene en materia de investigación de la corrupción", advirtió.

Garrido, en diálogo con radio Continental, lamentó que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, haya acotado las atribuciones de la FIA -organismo que preside desde hace cinco años- para investigar los delitos de corrupción que, entre otros, involucra a funcionarios públicos nacionales.

El funcionario dejó en claro la gravedad de la situación: "La interpretación de que la fiscalía no está especializada en la investigación de la corrupción, que es lo que surge de la resolución del procurador (Righi) de ayer, viene a poner sobre el tapete que no hay ningún organismo independiente especializado en investigar y en perseguir la corrupción", alertó. Concretamente, Righi recurrió al concepto de "intervención necesaria" de la ley del Ministerio Público en lo que se refiere a esa fiscalía, para recortar la intervención de Garrido en causas que no se hayan iniciado por su denuncia. Entre las causas más resonantes de los últimos tiempos, el fiscal intervino en las presuntas coimas del escándalo de Skanska, la bolsa con dinero encontrado en el baño del despacho de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, la denuncia sobre la manipulación de los datos del INDEC y el supuesto enriquecimiento ilícito del ex presidente Néstor Kirchner.

"Esta cuestión sobre la competencia de la fiscalía se suma a otros problemas que existen y, en definitiva, tendría que hacerse cargo el Congreso de regular adecuadamente (en esta materia", aseveró Garrido.

El fiscal enfatizó que la persecución de actividades delictivas "es una de las cosas que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción le exige a los países que son parte, y de hecho la Argentina es parte".

Garrido insistió en que frente a este panorama, "si la fiscalía no es el organismo (encargado de investigar ese tipo de irregularidades, entonces el Congreso tendrá que ponerse a estudiar el tema y regular de acuerdo a las normas que rigen y que la Argentina tiene que cumplir".

El funcionario hizo un resumen de las facultades que tenía la fiscalía a su cargo y de los recortes que sufrió ahora con la resolución de Righi.

"La cuestión es ¿qué ocurre con los casos una vez que se inicia una causa judicial? La ley dice que (la FIA) tiene 'intervención necesaria' y que puede ejercer la acción en el caso de que el fiscal decida que no hay delito o que no quiere seguir adelante", especificó.

Sobre este punto, prosiguió: "Lo que pasa es que se ha interpretado que la 'intervención necesaria' es poder ver el expediente y que la 'intervención subsidiaria de la Fiscalía' es solamente para los casos que denuncia la Fiscalía de Investigaciones Administrativas".

"¿Y esto qué significa?: es lo que está pasando habitualmente, que cuando la Fiscalía tiene una investigación en curso se presenta cualquier denunciante solamente con un recorte periodístico en el fuero federal y luego la Fiscalía entonces no puede ejercer ninguna acción, ni presentar ningún escrito, ni proponer pruebas, ni nada de eso", precisó.

Garrido confirmó que, de ahora en más, "en cualquier causa en la que la fiscalía haya intervenido o haya investigado pero que la denuncia haya sido presentada por otro, no tiene ninguna posibilidad de intervenir ni siquiera subsidiariamente".