Legisladores de distintos bloques cuestionaron la decisión de Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla sin acuerdo del Senado. Advirtieron sobre la violación a la división de poderes y el impacto en la independencia judicial.
El anuncio del presidente Javier Milei sobre la designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema desató fuertes críticas en la oposición. Legisladores de distintos bloques rechazaron la medida y la calificaron como una violación a la división de poderes.
Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, consideró la decisión como «un verdadero horror desde el punto de vista institucional y republicano». Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz expresó: «¡Otro golpe a la República! La designación por decreto presidencial de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema no es solo un atropello, es un ataque directo a los pilares de nuestra democracia».
Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror.
En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional.— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 25, 2025
El senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, sostuvo que «una vez más, Milei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método». En esa línea, la diputada Carolina Gaillard (UP) recordó que «nombrar jueces de la Corte Suprema por decreto está mal» y remarcó que «nombrar a los jueces de la Corte es un procedimiento complejo que establece la Constitución, que requiere la intervención del Poder Ejecutivo, luego del Senado y de la sociedad civil en la audiencia del Decreto 222/2003 de Néstor Kirchner para lograr sean jueces idóneos prestigiosos».
Desde la UCR, el diputado Julio Cobos enfatizó que «una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición». Agregó que «si no se consiguen los consensos suficientes, el Ejecutivo posee todas las herramientas en sus manos, tiene la posibilidad de retirar los pliegos y hacer una nueva propuesta». Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, también rechazó la decisión y opinó que «hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total. Hasta a su amigo Putin le debe parecer demasiado».
Una vez más, @jmilei muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método.
Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices. Pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan…
— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 25, 2025
El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, denunció que «forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana (Karina) con Lijo en la Corte». En tanto, Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, señaló que «dos de los cinco ministros del máximo tribunal fueron ‘contrabandeados’ por el Ejecutivo sin el acuerdo del Senado nacional». Su compañero de bancada, Fernando Carbajal, consideró que «sin calidad institucional no hay futuro».
Desde sectores más moderados, algunos dirigentes reconocieron que el decreto es legal, aunque advirtieron sobre el impacto que tendría en la independencia judicial. Consideraron que la falta de un acuerdo en el Senado podría generar incertidumbre sobre el futuro de los nombramientos y el funcionamiento de la Corte.
En el Senado, la publicación del decreto podría abrir un conflicto de poderes. Legisladores plantearon dudas sobre la permanencia de los jueces designados en comisión en caso de que la Cámara Alta rechace el decreto. Algunos sostienen que podrían mantenerse en sus cargos durante un año, mientras que otros afirman que la negativa del Senado los dejaría sin efecto.
El oficialismo busca consolidar los nombramientos y lograr mayorías legislativas que le permitan aprobar los pliegos de manera definitiva en el futuro. Sin embargo, la maniobra generó resistencias incluso en sectores dialoguistas, que consideran que la estabilidad institucional requiere acuerdos políticos más amplios. Mientras tanto, la oposición kirchnerista ya anticipó que trabajará para impedir que la medida prospere.
