Mientras los incendios ya arrasaron más de 6.000 hectáreas en la Patagonia, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, enfrenta fuertes cuestionamientos por mantener paralizados desde marzo de 2024 más de 600 mil dólares destinados a programas de prevención de incendios en la Comarca Andina. Los fondos, provenientes de organismos internacionales, debían aplicarse en Epuyén, El Hoyo y Lago Puelo, localidades hoy gravemente afectadas por el avance del fuego.

El dinero forma parte de un programa del Fondo Verde para el Clima (FVC), administrado por la FAO, cuyo objetivo es reducir la deforestación y la degradación de los bosques. En la Patagonia, los incendios forestales constituyen el principal factor de pérdida de masa boscosa. Sin embargo, pese a que los recursos estaban disponibles y los proyectos aprobados, nunca fueron ejecutados por la administración provincial.

Según consta en la Resolución 480 del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), de diciembre de 2021, a Chubut le correspondían 600 mil dólares dentro de una partida total de 3,5 millones destinada a las provincias patagónicas. La asignación específica para la Comarca Andina quedó formalizada en noviembre de 2023 y estaba lista para comenzar a implementarse en 2024.

Entre las acciones previstas se incluían tareas clave para reducir el riesgo de incendios, como raleos, limpieza de combustible forestal, silvicultura preventiva, apertura de caminos estratégicos y construcción de reservorios de agua para el primer ataque al fuego. Puerto Patriada, en El Hoyo —donde se originó el incendio más reciente— era uno de los puntos priorizados.

Especialistas y exfuncionarios con conocimiento directo de los programas señalaron que la decisión política de bloquear los fondos recae en el gobernador Torres y en el secretario de Ciencia y Técnica de Chubut, Guillermo Defossé, quien además preside el CIEFAP, organismo que debía actuar como unidad ejecutora de los proyectos. “Los programas debieron comenzar en marzo de 2024, pero se pusieron trabas que terminaron paralizándolos por completo”, afirmó el ingeniero forestal Martín Mónaco, exdirector nacional de Bosques y uno de los redactores del proyecto que permitió el financiamiento internacional.

El contraste entre la falta de prevención y la respuesta posterior a los incendios también genera polémica. En enero de 2025, un incendio en Epuyén destruyó unas 4.000 hectáreas y dejó al menos 75 viviendas arrasadas. Para asistir a las víctimas, la provincia recibió 7.000 millones de pesos del gobierno nacional, aunque denuncias posteriores indican que sólo una parte menor se destinó a la reconstrucción, mientras muchas familias aún sobreviven en condiciones precarias.

En paralelo, Torres ha centrado su discurso público en la búsqueda de supuestos responsables, con acusaciones reiteradas hacia comunidades mapuches y un tono punitivo que incluye promesas de recompensas y castigos, pero sin avances concretos en la identificación de culpables.

Para investigadores y trabajadores del sector forestal, la situación actual expone una contradicción central: mientras se multiplican los discursos duros y las medidas reactivas, se dejaron sin ejecutar programas de prevención construidos durante años de trabajo conjunto entre científicos, municipios, brigadas, comunidades y organizaciones sociales. “Estaban las ideas y, por primera vez, estaban los fondos. Pero se decidió frenar todo”, resumió un investigador del CIEFAP.

Con los incendios avanzando y miles de hectáreas devastadas, la falta de aplicación de estos recursos internacionales vuelve a quedar en el centro del debate, como una decisión política que pudo haber reducido de manera significativa el impacto ambiental, social y económico de los fuegos que hoy golpean al sur del país.