La convocatoria central, que se replicó en varias plazas del país, fue en el cruce de Corrientes y Callao, desde donde cientos de personas marcharon envueltas en mantas hacia la Plaza de la República en rechazo a los aumentos de las tarifas de los servicios de luz, gas, agua y trasporte.

Entre otros, las ONG La Alameda, asociaciones de jubilados y de consumidores y militantes de organizaciones de izquierda se plegaron al reclamo "para representar las consecuencias de los aumentos de luz y de gas" registrados en las facturas de las últimas semanas.

Ximena Rattoni, de La Alameda, dialogó con Radio Urbana BA y explicó que “convocamos a toda la ciudadanía a protestar por este combo de tarifazos. Nos concentramos en Callao y Corrientes para esperar a la gente que sale de su trabajo, y luego caminamos hacia el Obelisco. En el interior del país también se hizo sentir el impacto y empezaron las protestas. Hay una gran cantidad de recursos de amparo en todo el país. El aumento es impagable y la ciudadanía reacciona. Lo único que pretendemos es instar el diálogo y rediscutir todo. A nadie le sirve un tarifazo que no se puede pagar”.

“La tarifa social abarca a un determinado sector. Pero al trabajador común, que gana 15 mil pesos, y paga 5 o 6 mil pesos de alquiler, más mil de expensas, y entre luz, agua y gas te llegan 5 mil pesos, se hace imposible vivir. Es gente que queda excluida. Las empresas tuvieron una increíble cantidad de plata en subsidios, y nadie puede constatar cuánta plata fue y en qué se usó. Y nos quedamos sin luz en verano e invierno. Ganaron mucho dinero aunque no aplicaban este tarifazo. Y con la luz hoy muy pocos tienen medidor y te cobran por metro cuadrado. Bajo el título de sincerar, solo llamaron a las empresas y les preguntaron cuánto querían cobrar. Esto ya es insostenible. Para el sueldo de una familia trabajadora es impagable, y encima el gobierno dice que faltan dos aumentos más. Queremos que el Estado audite a las empresas para saber qué hicieron con la plata y que obras van a hacer. El acceso al agua y la energía es un derecho humano, no es mercancía”, explicó Rattoni.

La referente de La Alameda explicó que “entre Melconián admitiendo que fue un buitre, Prat Gay diciendo que hicieron el trabajo sucio, y Aranguren planteando que están aprendiendo sobre la marcha y le compra gas a Shell, son el tren fantasma. Hace 25 años se privatizaron los servicios y nunca hubo una política energética de Estado. Al margen de esto, los cuestionamientos son a todas las incompatibilidades de los funcionarios de gobierno, no solamente con Aranguren. Hoy todos los miembros de las empresas son los interventores de los servicios y transportes. Esto está en la Justicia. Independientemente del Ministro debe haber una política de Estado. El gobierno tomó la decisión de sacudirnos con un impuestazo impagable. Y se les va a volver en contra. Hoy las empresas distribuidoras no emiten facturas porque no saben cuánto cobrar debido a tantos amparos. Está repleto de amparos. Convocaron a una audiencia pública para fines de julio en el Estadio Mundialista de Mar del Plata, es una locura. Pueden ir 50 mil personas pero no es vinculante y el aumento lo ponen igual. Pero pasa en todo el país, y la justicia suele dar lugar. Hay un dilema: las empresas reclaman aumento, el gobierno habilita, nadie puede pagar, hay amparos y no se puede cobrar. No le sirve a nadie”.