Más de 15 años han pasado desde que quedó congelado el Fondo del Conurbano en 650 millones de pesos. Desde su asunción en diciembre de 2015 hasta la actualidad, el pedido de inconstitucionalidad y el pedido de justicia para su corrección ha sido una de las batallas en las que la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal ha hecho hincapié. Cosecha, además, el respaldo del Presidente de la Nación.

El pedido elevado ante la Corte Suprema ha tensionado el vínculo con los gobernadores de las demás provincias, que de recibir Vidal un fallo favorable, serían de sus arcas que saldrían los fondos que compensen a las arcas bonaerenses. Complicada la vía judicial, insisten con una alternativa política.

Según consigna el diario La Nación, este viernes al mediodía habrá una reunión entre los fiscales de Estado de las provincias para delinear una estrategia en común y acercarle esa propuesta a Vidal. Desean que la gobernadora ponga en pausa –no que resigne- la demanda y negocie con ellos una solución política con el objetivo final de llegar a un común acuerdo.

Los fiscales encontraron un artilugio en la ley 27.260 que el Congreso de la Nación aprobó en 2016 que, entre otros temas, creó una comisión para discutir una reforma tributaria y previsional. Creen que allí tienen plafón para discutir el tema.

Si Vidal obtuviera un fallo favorable, Buenos Aires comenzaría a recibir unos $50 mil millones extra por año y, además, una deuda retroactiva de $300.000 millones. En paralelo, provincias como Santa Fé y Córdoba, por ejemplo, podrían perder, cada una, unos 7.000 millones de pesos. Las provincias no poseen los recursos para ceder y pedirían a Nación que las compense, tal vez con el impuesto al cheque.

En tanto, el fallo de la Corte Suprema podría darse a conocer después de octubre, o sea, luego del proceso electoral legislativo.