El dictamen de mayoría que avala el proyecto de Ficha Limpia en la Cámara de Diputados ha generado opiniones divididas, especialmente en cuanto a su alcance y validez jurídica. Algunos observadores, aunque simpatizan con el propósito de la propuesta, expresan reservas respecto a la versión que este martes logró el respaldo mayoritario en las comisiones. El tema cobra especial relevancia debido a la controversia que rodea la posible candidatura de Cristina Kirchner, quien ya cuenta con una condena que podría ser ratificada en una instancia superior.

“El concepto de esperar al ‘doble conforme’ es absurdo”, expresó el diputado radical Fernando Carbajal durante el debate en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, en referencia al proyecto que busca impedir que personas condenadas por corrupción ocupen cargos públicos. El término ‘doble conforme’ hace referencia a la exigencia de que una sentencia sea ratificada por un segundo tribunal para ser efectiva.

“El doble conforme [continuó el diputado] llega cuando el 90% de los casos ya están en fase de ejecución de la sentencia, lo que hace que la ficha limpia sea completamente innecesaria. El dictamen de la mayoría es una norma puramente simbólica”, afirmó. Además, calificó como un “engaño” para las más de 450 mil personas que apoyaron el proyecto firmando en Change.org.

La propuesta, que podría ser modificada durante el tratamiento en el recinto, recibió cuatro dictámenes diferentes. El dictamen de mayoría, respaldado por bloques como Pro, La Libertad Avanza, UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal, prohíbe la postulación electoral de aquellos condenados en segunda instancia por delitos de corrupción, es decir, impide la candidatura de quien ha visto su condena ratificada por un tribunal de alzada, lo que se conoce como “doble conforme”.

En tanto, Carbajal presentó un dictamen en solitario, proponiendo que los condenados en primera instancia queden inhabilitados para postularse durante dos años, plazo que solo se aplicaría si la sentencia aún no ha sido confirmada por un tribunal superior.

Para Carbajal, el carácter meramente “simbólico” del dictamen de mayoría responde a lo que él describe como un “efecto manta corta”: el proyecto, al intentar no vulnerar los derechos políticos, respeta de manera excesiva el principio de inocencia, lo que lo convierte en ineficaz a la hora de impedir candidaturas. Desde su perspectiva, el estado de inocencia se desmorona una vez que se emite una condena en primera instancia, aunque la sentencia no pueda ejecutarse hasta que el «doble conforme» la ratifique.

Dado que las condenas por delitos relacionados con la corrupción, como cohecho, enriquecimiento ilícito y fraude contra la administración pública, incluyen una sanción accesoria que inhabilita a los condenados para ejercer cargos públicos, el alcance del proyecto de Ficha Limpia, según el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones, resulta limitado. Este dictamen solo afectaría a aquellos cuya condena, que incluye la inhabilitación para cargos, haya sido confirmada por la Cámara de Casación, pero que aún no haya sido avalada por la Corte Suprema.

En cuanto a la expresidenta Cristina Kirchner, podría encajar en este escenario si la Sala IV de la Cámara de Casación Penal —compuesta por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Daniel Petrone— confirma la sentencia dictada a finales de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 en el caso conocido como Vialidad. En esta causa, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si el dictamen de mayoría se convirtiera en ley y la condena fuera confirmada por Casación, Cristina Kirchner no podría presentarse como candidata.

El dictamen de mayoría, sin embargo, no afecta al exsecretario de Obras Públicas José López. En junio del año pasado, la Corte Suprema ratificó su condena a más de siete años de prisión y le prohibió ejercer cargos públicos, a raíz del caso que surgió tras una grabación en la que se le veía entregando bolsos con millones de dólares en un convento.

Tampoco tendría impacto en Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte, ni en Amado Boudou, exvicepresidente, quienes ya cuentan con condenas firmes y están inhabilitados para ocupar cargos públicos.

La diputada de Unión por la Patria Mónica Litza, de orientación massista, lideró a su bloque en el plenario. Aunque no se opuso al proyecto, propuso una variante que amplía el alcance de los delitos y se distancia del dictamen de Carbajal. Litza argumentó que la Ficha Limpia es una realidad ya existente, aludiendo al Pacto de San José de Costa Rica, que permite limitar los derechos políticos en caso de condena de un “juez competente”. Aclaró: “Cuando hablamos de condena y sentencia firme, nos referimos a que todas las instancias recursivas previstas en nuestra legislación deben estar agotadas”.

Carolina Gaillard también destacó que el concepto ya está incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, y subrayó la necesidad de abordar la “otra cara” de la corrupción, refiriéndose al sector privado.

Reconociendo las limitaciones del proyecto tal como está redactado, la diputada Silvia Lospennato (Pro), promotora del dictamen con mayor apoyo, señaló el carácter “complementario” de la propuesta. “Es necesario tener tanto una ficha limpia como una Justicia que garantice que no haya impunidad en Argentina”, sostuvo, y moderó su postura para ganar apoyo político.

Lospennato añadió: “El problema es que en Argentina, los delitos de corrupción tardan más de una década en ser condenados y aún más en que la condena sea confirmada. Esto hace que las personas pasen toda su vida electoral sin enfrentar una condena”.

Además del impacto que podría tener el proyecto, surgen interrogantes sobre la viabilidad de una eventual ley. “Este tipo de cuestiones, después de un largo proceso, terminan en la Corte”, comentó un funcionario que sigue de cerca los temas electorales desde una fiscalía federal. Otra fuente judicial añadió que el principio de inocencia es crucial y anticipó que, en caso de que la norma se convierta en ley, probablemente será objeto de litigio.

Por último, aunque se trata de una iniciativa de carácter electoral y no penal, existen dudas -aunque en menor medida- sobre la posible “retroactividad” de la normativa. Algunos se preguntan si este aspecto podría también convertirse en un foco de controversia.