La Cámara de Diputados tratará este miércoles, en una sesión especial, el proyecto conocido como «Ficha Limpia», que busca impedir que personas con condenas en segunda instancia por corrupción puedan postularse a cargos electivos nacionales.

La convocatoria a la sesión fue promovida por el PRO, La Libertad Avanza y la UCR, quienes la solicitaron el martes pasado, justo un día antes de que se confirmara la sentencia de la Cámara Federal de Casación que condenó a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en el marco de la causa Vialidad.

Para que «Ficha Limpia» se convierta en ley, el proyecto debe reunir una mayoría especial de 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado. De lograrse, esto impediría que la ex mandataria pueda postularse como candidata en las elecciones de 2025.

En la normativa vigente, la única instancia que puede vetar una candidatura es un fallo firme emitido por la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, para alcanzar los 129 votos necesarios, los impulsores del proyecto deberán entablar acuerdos con bloques como Encuentro Federal, Innovación Federal y Democracia para Siempre, ya que actualmente no cuentan con los apoyos suficientes.

En este contexto, podrían ser necesarios ajustes al proyecto para garantizar el respaldo necesario para su aprobación.

El espacio Democracia para Siempre, liderado por Pablo Juliano, apoya un dictamen de minoría presentado por Fernando Carbajal. Este texto amplía las restricciones, proponiendo que no solo las condenas por corrupción inhabiliten a un ciudadano para ser candidato, sino también otros delitos con penas superiores a tres años, independientemente de que la sentencia sea firme o en segunda instancia.

De ser aprobado, este enfoque más amplio buscaría establecer un marco más restrictivo para las postulaciones a cargos electivos, marcando un cambio significativo en las reglas actuales.

Hasta el momento, los impulsores del proyecto «Ficha Limpia» cuentan con el respaldo de 109 votos asegurados: 39 de La Libertad Avanza (LLA), 3 del MID, 2 de Producción y Trabajo, 1 de Creo, 37 del PRO, 21 de la UCR y 6 de la Coalición Cívica. Para alcanzar la mayoría especial necesaria, resulta crucial que asistan al menos 14 de los 16 diputados de Encuentro Federal (EF) y 12 de Democracia para Siempre, bloques cuya adhesión podría garantizar la aprobación del proyecto.

La convocatoria para esta sesión especial fue promovida por Cristian Ritondo, presidente del PRO; Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza; y Rodrigo De Loredo, líder de la UCR.

El proyecto, que sintetiza 17 propuestas, establece que aquellos ciudadanos con una condena en segunda instancia por delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y enriquecimiento ilícito no podrán ser candidatos a cargos electivos.

El debate sobre limitar las candidaturas de personas con sentencias en segunda instancia comenzó en 2017, cuando la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del exministro de Planificación Federal y legislador kirchnerista Julio de Vido. Desde entonces, han existido varios intentos de avanzar en una normativa de estas características.

Sin embargo, es recién en la actualidad cuando parece haber una voluntad política más consolidada para tratar de convertir en ley el proyecto de «Ficha Limpia». De lograrse, marcaría un hito en la regulación de las candidaturas en Argentina, imponiendo mayores exigencias de transparencia en el ámbito político.

Además del debate sobre «Ficha Limpia», la bancada del PRO también solicitó incluir en la agenda legislativa los proyectos de reforma del Código Procesal Penal Federal y del Código Procesal Penal en lo referente a la reincidencia.

La iniciativa, impulsada en su momento por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, introduce el concepto de «reiterancia» en reemplazo de la reincidencia. Según esta propuesta, si una persona procesada comete un nuevo delito, «vas preso», buscando poner fin a la conocida «puerta giratoria» del sistema judicial.

El proyecto propone una modificación al artículo 17 del Código Procesal, estipulando que las medidas restrictivas de la libertad pueden fundamentarse en tres motivos: el riesgo real de fuga, la posible obstaculización de la investigación o la reiterancia delictiva. Este último se define como la coexistencia de imputaciones en una causa penal con otros procesos en los que la misma persona también figure como imputada.

Entre los cambios más significativos, se plantea la posibilidad de acumular condenas provenientes de distintos tribunales, estableciendo un límite máximo de 50 años de prisión.

La propuesta apunta a endurecer las medidas contra quienes reinciden en conductas delictivas mientras están procesados, respondiendo a demandas sociales que exigen mayor eficacia en el control del delito y en la protección de las víctimas. Este debate, al igual que el de «Ficha Limpia«, refleja una agenda legislativa orientada a fortalecer los mecanismos legales de prevención y sanción de delitos.

También se incorporó en el temario el proyecto que busca habilitar nuevamente el voto por correo para los ciudadanos argentinos residentes en el exterior, una medida que había sido implementada por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, pero posteriormente suspendida bajo la gestión de Alberto Fernández.

La normativa del macrismo permitía que quienes viven fuera del país y hayan actualizado su domicilio en el DNI pudieran emitir su voto de forma remota a través del correo postal. Sin embargo, esta modalidad no reemplazaba la opción tradicional de votar de manera presencial en embajadas o consulados, que seguía vigente.

La propuesta busca restablecer este sistema con el objetivo de facilitar el acceso al sufragio para los argentinos en el exterior, ampliando las opciones disponibles para ejercer su derecho al voto. El debate en torno a este proyecto refleja la intención de retomar políticas que promuevan la participación electoral desde fuera del país, una cuestión que divide opiniones en el ámbito político.