El diputado nacional Fernando Iglesias (PRO) presentó este jueves un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados pida “la remoción” del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en virtud de “su manifiesta inhabilidad moral, su actuación partidista incompatible con sus funciones y su reiterada desvalorización de los principios democráticos”. Además, en el texto se insta a que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre “todos los medios legales y constitucionales a su alcance” para alcanzar ese objetivo.

El proyecto, que lleva la firma de Iglesias acompañada por las de Mario Negri (presidente del Interbloque Cambiemos), Nicolás Massot (presidente del bloque PRO) y Pablo Tonelli (PRO, miembro del Consejo de la Magistratura), fundamenta la solicitud de la remoción del ex juez de la Corte Suprema argentina en su pasado, sus actitudes y sus recientes declaraciones en las que afirmó que desea que el gobierno de Mauricio Macri “se vaya lo antes posible”. Los fundamentos de la resolución recopilan el extenso historial de actos antidemocráticos del juez de la CIDH, por lo que se insta a los otros seis jueces de ese organismo a quitarlo del cargo.

“La designación de un juez de la última dictadura argentina en la Corte Interamericana fue contraria al sentido de protección de los derechos humanos de la propia Corte. Posteriormente, las conductas inapropiadas del doctor Zaffaroni y su desprecio por la democracia evidenciado en sus últimas declaraciones son motivos más que suficientes para que sea removido del cargo”, explicó Iglesias.

La mención a la última dictadura está vinculada a que Zaffaroni fue nombrado Juez Nacional en lo Criminal de la Capital Federal por el dictador Jorge Rafael Videla en 1976, “pocos días después de derrocado el gobierno constitucional, jurando su cargo por el Estatuto del Proceso”, tal como se explica en el proyecto. Y no sólo eso: está demostrado que en ese tiempo en el que en la Argentina se cometía un genocidio, Zaffaroni rechazó hábeas corpus interpuestos por familiares de desaparecidos.

En el proyecto se explicitan también una serie de declaraciones y hechos contrarios a la necesaria imparcialidad que un juez de la CIDH debe tener, y que hacen incompatible que pueda seguir integrando tan prestigioso organismo internacional.