Entre los 26 títulos y más de 200 artículos que integran la reforma laboral aprobada en la Cámara de Diputados, hay un capítulo que concentra la mayor atención del Ministerio de Economía. Se trata del que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una herramienta que para Luis Caputo resulta estratégica. Aunque en el texto se presenta como un mecanismo para cubrir indemnizaciones por despido, economistas y referentes opositores sostienen que, en los hechos, podría convertirse en una vía de financiamiento del Estado a costa de debilitar el sistema previsional.

La votación en particular de este punto mantuvo en vilo al recinto. Un sector amplio de la oposición intentó rechazar el artículo que instituye el FAL y el oficialismo, consciente de ese riesgo, desplegó una fuerte tarea de contención interna para blindarlo. Finalmente, el capítulo II de la reforma —que incluye la creación del fondo— fue aprobado con 130 votos afirmativos, 117 negativos y tres abstenciones. Aun así, el oficialismo obtuvo cinco respaldos menos que en la votación en general.

Según estimaciones de economistas y dirigentes opositores, el nuevo fondo podría recaudar entre 3000 y 5000 millones de dólares anuales. Se financiará mediante un aporte obligatorio mensual proveniente de un porcentaje de las contribuciones patronales que actualmente se destinan a la Anses: 1% para grandes empresas y 2,5% para pymes.

De acuerdo con el proyecto, esos recursos se utilizarán para afrontar indemnizaciones por preaviso, integración y despido en el sector privado. Los empleadores deberán abrir cuentas individuales e inembargables por trabajador, administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, como bancos, billeteras virtuales o compañías de seguros. Sin embargo, en la oposición sospechan que el destino real de esos fondos podría ser la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda pública.

Desde los bloques de Unión por la Patria y de Provincias Unidas advierten que el esquema implicará un desfinanciamiento del sistema de seguridad social. La preocupación es mayor en aquellas provincias que mantienen sus propias cajas jubilatorias sin transferirlas a la Nación, ya que dependen de los giros de la Anses para sostenerlas. En el Senado, Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II, que crea el FAL.

En Diputados también se registraron deserciones respecto de la votación en general. Los cordobeses Carolina Basualdo y Carlos Gutiérrez, de Provincias Unidas, que habían acompañado la ley en términos generales, rechazaron el título II. Lo mismo hicieron el jujeño Jorge Rizzotti y el rionegrino Sergio Capozzi, del mismo espacio. A su vez, la radical Karina Banfi optó por abstenerse.

La controversia ya había escalado en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto de la Cámara baja, cuando se firmó el dictamen. Allí se escucharon las críticas más duras.

“Es la reforma previsional encubierta. Es, ante todo, una reforma financiera va a ser utilizada para fondear al Tesoro. Con este fondo rompen el sistema previsional argentino, no se van a poder pagar aumentos jubilatorios y más temprano que tarde el Gobierno va a tener que derogar la ley de movilidad jubilatoria”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria).

En la misma línea se expresó Nicolás Massot (Provincias Unidas): “No se me ocurre mejor definición para este fondo que ‘cinismo’. Hacen un fondo obligatorio y, encima, subsidiado. Subsidiado con fondos de la Anses. A la oposición nos acusaban de degenerados fiscales cuando el año pasado pedíamos una indexación para los haberes jubilatorios, nos acusaban de producir un agujero fiscal en la Anses. Me encantaría que nos expliquen cómo puede ser que, sin ponerse colorados, y después de que el 50% del ajuste fiscal que le permitió al Gobierno mostrar un superávit fiscal lo hayan hecho los jubilados y los pensionados, cómo les da la cara para venir a plantear acá un subsidio directo a los despidos”.

Como alternativa, el bloque de Provincias Unidas propuso que el FAL sea de carácter optativo y que, en lugar de financiarse con aportes patronales que hoy van a la seguridad social, se sostenga con la mitad de lo que los empleadores pagan en concepto del impuesto al cheque.